La Fiscalía de Madrid ha solicitado al Juzgado de Instrucción 12 de Madrid, que investiga dos de las tres denuncias interpuestas por sindicatos policiales por tuits en los que se vinculaba la muerte de un mantero en el barrio de Lavapiés con una persecución policial, que la Policía los investigue.

Según ha informado el Gabinete Jurídico Suárez-Valdés, este despacho ha recibido hoy el escrito remitido por la fiscal del caso en el que pide que la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional investigue esos textos "tanto en relación a su autoría, como en relación a las reacciones habidas en la red como consecuencia de los mensajes" denunciados en la querella interpuesta por el sindicato Unión de Policía Municipal (UPM).

El letrado Antonio Suárez-Valdés ha considerado "una gran noticia que el fiscal respalde la querella" y se ha mostrado convencido de que así se podrá demostrar lo denunciado contra la concejal Rommy Arce, Juan Carlos Monedero y el portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros, Malick Gueye.

En su opinión los comentarios publicados por esos dos políticos "podrían haber tenido la intención de incendiar las redes, extremo este que finalmente se produjo, desembocando la situación creada en los graves incidentes vividos en el barrio de Lavapiés" tras el fallecimiento del mantero por un infarto el pasado 15 de marzo.

Ha añadido que el concejal de Seguridad madrileño, Javier Barbero, tenía esa misma tarde "toda la información que desmentía la versión que los ahora querellados vertían en las redes, pero sin embargo no hizo nada para parar los graves disturbios y agresiones a la Policía producidos en esa noche".

El Juzgado de Instrucción 12 de Madrid aúna ya dos de tres querellas interpuestas recientemente por sindicatos y asociaciones de policías municipales de la capital por las críticas vertidas contra los agentes.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el Juzgado de Instrucción 38, en el que recayó la querella de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), se ha inhibido en favor del 12, que admitió a trámite recientemente la querella de UPM.

UPM fue el primer colectivo que interpuso querella -el pasado 19 de marzo- contra la edil Rommy Arce, Juan Carlos Monedero y Malick Gueye por un presunto delito de incitación al odio por vincular la muerte del mantero por un paro cardíaco el 15 de marzo con una supuesta persecución policial.

Por su parte APMU presentó el día 23 de marzo una querella por injurias y calumnias contra Rommy Arce, Malick Gueye y contra Izquierda Unida, el Partido Comunista de Madrid, Iniciativa Comunista y cuatro personas más.

Precisamente ayer esta asociación policial solicitó personarse como acusación popular en el procedimiento.

La tercera querella, que tramita el Juzgado de Instrucción 9, es la interpuesta el 20 de marzo por el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) contra Arce por un presunto delito de incitación al odio contra Rommy Arce.

Por esta denuncia la edil ya ha sido citada a declarar como investigada el próximo 25 de abril.

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En relación con estos disturbios también ha llegado a los tribunales una denuncia de un ciudadano senegalés, Arona Diakhate, que presuntamente fue golpeado por agentes de Policía Nacional la noche del 15 de marzo, cuando aparentemente no participaba en ningún altercado, según un vídeo que se difundió en redes sociales.

Luego los agentes le introducen en un portal, donde según otro vídeo comprueban su estado antes de llevarlo a Comisaría.

El bufete Red Jurídica ha confirmado la interposición ayer de una denuncia por estos hechos, que considera constitutivos de los delitos de lesiones, torturas y omisión del deber de socorro.