El ex secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, permanece desde ayer ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, por una indisposición que sufrió tras asistir a la tercera sesión del juicio que se sigue contra él por un delito continuado de apropiación indebida de fondos del sindicato.

Fuentes hospitalarias han confirmado a EFE que el exlíder minero se encuentra ingresado desde la pasada madrugada en la planta de Cardiología del HUCA.

Fernández Villa había asistido ayer por la mañana al juicio que desde el pasado miércoles se sigue contra él en la Sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo y por la tarde, cuando se encontraba ya en su domicilio de Oviedo, sufrió una indisposición, que llevó a su familia a pedir asistencia médica urgente.

Fernández Villa fue trasladado desde su casa al HUCA en una UVI móvil ayer por la noche y desde entonces permanece ingresado en este centro sanitario de la capital asturiana, primero en Urgencias y, posteriormente, en Cardiología, donde podría permanecer varios días.

Esta situación podría llevar a la suspensión temporal de la causa que se sigue contra Fernández Villa y en la que el fiscal pide para él una pena de cinco años de cárcel, petición que la acusación particular del SOMA eleva a seis.

El estado de salud del ex secretario general del sindicato minero ha sido objeto de controversia tanto en la fase de instrucción como en los días previos al inicio de la vista oral ya que la defensa, ejercida por la letrada Ana Boto, pidió su suspensión por la enfermedad y falta de memoria de su cliente.

No obstante, los forenses habían determinado a principios de semana que sí estaba en condiciones de declarar, pese a sufrir un deterioro cognitivo, por lo que la magistrada María Luisa Barrio, declinó suspender la causa.

En octubre de 2014 se conoció que Fernández Villa se había acogido dos años antes, de forma paralela a las últimas movilizaciones del sector minero que lideró, a la amnistía fiscal para regularizar 1,4 millones de euros, lo que llevó a su expulsión del SOMA-UGT y del PSOE, partido en el había sido diputado regional, senador y miembro varios años de sus ejecutivas federal y autonómica.

Tras conocerse estos hechos, el sindicato minero presentó una querella contra su ex secretario general, que derivó en la apertura de juicio oral con la imposición de una fianza por el juzgado instructor de 434.000 euros, ampliada después a 579.000 euros.

Según el fiscal, este histórico dirigente sindical ejercía una "posición de dominio absoluto" en la organización donde tomaba todas las decisiones e ideó un plan para desviar los fondos del sindicato a su patrimonio personal" que entre 1989 y 2010 le reportó 434.158 euros.