El que fuera presidente del Gobierno andaluz socialista durante 19 años, Manuel Chaves, comenzará a declarar hoy, según lo previsto, en el juicio de la denominada pieza política de los ERE, acusado de un delito de prevaricación por el que se enfrenta a diez años de inhabilitación.

Chaves, que presidió Andalucía entre 1990 y 2009 y que cuando estalló este caso, en 2011, era vicepresidente del Gobierno central, se sienta en el banquillo junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta por haber creado o mantenido un "procedimiento específico" con el que se repartieron más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis entre 2001 y 2011, de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.

Ese sistema se implantó en 2001, siendo Chaves presidente, mediante un convenio suscrito entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IFA (luego IDEA). A través del mismo, esta agencia pagaba las ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo con fondos que Empleo le remitía mediante transferencias, un mecanismo que la Fiscalía y las acusaciones populares sostienen que se utilizó para eludir la fiscalización previa.

La defensa de Chaves sostiene que no conocía el detalle de cómo se concedían las ayudas de Empleo, sino la política general que las sustentaba; que partía de la "convicción" de que el procedimiento para repartirlas era legal y que el Interventor nunca alertó de ilegalidades, "probablemente", porque no las vio.

Al igual que su sucesor en la presidencia andaluza, José Antonio Griñán, Chaves está retirado de la vida política pues ambos abandonaron sus escaños en las Cortes en 2015, y entregaron su carnet del PSOE, tras ser formalmente imputados por el Tribunal Supremo.