La exportavoz de la Junta Mar Moreno ha descrito hoy cómo se enteró el Gobierno y actuó al estallar el caso ERE en 2011, siendo presidente José Antonio Griñán -juzgado por malversación y prevaricación-, quien "cuando este asunto salta de ninguna manera pensaba que le afectaría personalmente".

Moreno, que estuvo investigada en esta causa aunque el Supremo la archivó para ella en 2015 tras tomarle declaración (estaba aforada como senadora), ha testificado en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta procesados por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que entre el 2001 y el 2011 se repartieron 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.

Su declaración como testigo en el juicio fue solicitada por el PP-A, que ejerce la acusación popular, a cuyo letrado, Luis García Navarro, le ha interrumpido varias veces el juez Juan Antonio Calle afeándole que la estuviera interrogando "como acusada" y como si estuviera "en un debate parlamentario" con preguntas "irrevelantes" para los hechos enjuiciados, lo que ha provocado la protesta del abogado.

A preguntas del PP, Moreno ha relatado que tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades con las ayudas de los ERE en 2011, sobre todo ante unas declaraciones públicas del exdirector de Trabajo Javier Guerrero -uno de los principales acusados- en las que calificaba la partida presupuestaria para estas ayudas como "fondo de reptiles".

Entonces ella era consejera de Presidencia y portavoz de la Junta y según ha explicado el presidente Griñán ordenó al Gabinete Jurídico, dependiente de Presidencia, personarse en la causa (estuvo como acusación particular aunque en esta pieza política renunció) y ponerse a disposición del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que dirigía Mercedes Alaya, para facilitarle toda la información que solicitara.

Gran parte de las preguntas del PP han aludido a intervenciones públicas sobre el caso de Moreno como portavoz, y la testigo -actualmente miembro del Consejo Consultivo de Andalucía tras dejar el Senado en enero- ha subrayado que fueron muchos y no podía recordarlas todas ya que además en la mayoría de los casos se limitaba a leer la información que le pasaba el departamento competente.

El PP-A también le ha preguntado por una declaración pública en la que dijo que los informes de la Intervención "no son vinculantes" para la Junta, a lo que ha insistido en que como portavoz daba la información que le transmitían y que "estará establecido en la ley independientemente de lo que yo diga".

El letrado de la acusación popular de Manos Limpias, Rafael Prieto -en su segunda intervención en el juicio- le ha preguntado si esta línea de ayudas discrecional buscaba obtener "rédito electoral" y la testigo lo ha negado rotundamente, subrayando que era una línea de trabajo "supernormal en toda España".