El exinterventor general de la Junta Adolfo García ha defendido hoy que "es competencia de los titulares de las consejerías supervisar y controlar la actuación de sus directores generales" si bien el hecho de que un procedimiento sea "inadecuado no quiere decir que sea ilegal ni irregular".

Adolfo García fue interventor general del 2012 al 2016 y su antecesor hasta el 2010, Manuel Gómez, es uno de los 22 ex altos cargos de la Junta juzgados en la pieza política del caso ERE por prevaricación y malversación al crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década se repartieron 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.

Dicho sistema consistía en que las ayudas las concedía la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo pero las pagaba la agencia pública IDEA (antes IFA) con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación.

La Intervención alertó de que no era "adecuado" porque así las ayudas no pasaban fiscalización previa, como exige la ley, sino el control financiero permanente de IDEA a posteriori.

Pero a preguntas de la defensa de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo -que hoy ha acudido a la sesión al igual que el exinterventor Manuel Gómez-, ha defendido que el control financiero permanente es "más avanzado y eficiente" y ha precisado que algo "inadecuado no quiere decir que sea ilegal, ni siquiera que sea irregular" pues "si es ilegal lo manifestamos".

Preguntado expresamente por el informe adicional que en 2005 hizo el interventor de IDEA del ejercicio de 2003, en el que analizó una veintena de expedientes de las ayudas de los ERE concluyendo que la Dirección General de Trabajo las daba "prescincidendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", ha dicho no recordarlo ni si habló del mismo con la entonces viceconsejera de Hacienda Martínez Aguayo.

Pero está "convencido" de que no detectó riesgo de menoscabo de fondos públicos porque "lo hubiera incluido".

"Es competencia de los titulares de las consejerías supervisar y controlar la actuación de sus directores generales", ha enfatizado, tras apelar a la "responsabilidad" que la ley reserva a cada gestor.

Con todo, insiste en que el informe no hablaba de "ilegalidad" sino de "una irregularidad desde el punto de vista administrativo".

Cuando el letrado del PP-A le ha preguntado si que se asumieron compromisos de ayudas por encima de lo presupuestado para el año suponía un riesgo de menoscabo, ha sido contundente: "Si eso fuera así todas las consejerías de este país tendrían menoscabo".

También al PP-A le ha indicado que "las subvenciones debieron ser fiscalizadas en el momento de la concesión" pero "si no hay expediente de gasto" al pagarlas IDEA y no Empleo "no hay fiscalización", lo que "sería una irregularidad administrativa".