El consejero de Sanidad con el Gobierno Vasco del PSE-EE, Rafael Bengoa, ha afirmado hoy que en los años anteriores a su mandato "hubo una trama sistemática" en la administración sanitaria para beneficiar a las empresas del exdirector de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello.

"Como patrón sistemático, se organizaron procesos de contratación sin seguir las normas para buscar vías paralelas y rápidas que beneficiaran a esas empresas; se prorrogaban los contratos y se subían de forma exagerada las tarifas que cobraban, hasta un 19 % frente a la media de 3-4 % para el resto de adjudicatarias", ha afirmado, y ha precisado que funcionaban "como un monopolio".

Bengoa ha comparecido hoy como testigo de la Fiscalía en el juicio por el denominado "caso Margüello", que comenzó la semana pasada en la Audiencia de Bizkaia.

En este proceso están acusados, además de Margüello, la considerada testaferro de sus empresas, María Nieves Fernández, y otros dos ex altos cargos de Sanidad con Gabriel Inclán como consejero cuando gobernaba el PNV: el responsable territorial en Bizkaia, Jose Ramón Elorriaga, y el viceconsejero Rafael Cerdán.

Rafael Bengoa se ha referido, en concreto, a la adjudicación por vía de emergencia y sin concurso público de las listas de espera de Bizkaia a una de las empresas de la que era socio Margüello, Gestión de Servicios Sanitarios siglo XXI, que se dedicaba a intermediar entre la Administración pública y las clínicas privadas.

Ha asegurado que dicha intermediación era "innecesaria" porque habitualmente se derivaban los pacientes directamente a una clínica; hacía el proceso "más lento" y creaba "inseguridad clínica y sanitaria ya que los informes clínicos no se gestionaban de forma adecuada".

"No aportaba ventajas y aunque la suma total de dinero que Sanidad aportó a esta empresa era la misma que a otras clínicas concertadas, al ser una intermediaria, el dinero se quedaba por el camino, lo que tenía un impacto negativo para el paciente".

En esta misma sesión ha testificado, en este caso por parte de las defensas, Gabriel Inclán, amigo personal de Margüello, quien ha mantenido que conoció la adjudicación por vía de emergencia a la citada empresa "a posteriori".

Ha explicado que dada la situación "excepcional" de las listas de espera que había en aquel momento en Bizkaia, le pareció "lógica", a la vez que ha destacado que en su vida profesional "no ha dado ni un ápice de más, ni un ápice de menos a los amigos, ni tampoco a los enemigos".

Ha manifestado también, a preguntas de las defensas -la Fiscalía y la acusación particular en nombre del Gobierno Vasco no le han interrogado- que le parece "muy atrevido" que alguien diga que se puso en riesgo la seguridad de los pacientes y ha puntualizado que "la dirección territorial de Bizkaia cumplió la normativa".

Tras la jornada de hoy, el juicio se ha aplazado por problemas de agenda hasta el próximo 27 de abril, que finalizará con la testificación de dos personas y los informes finales.

El Ministerio Público pide 11 de años de prisión para Margüello, Fernández y Elorriaga, y 6,5 para Cerdán por los delitos de prevaricación, malversación, fraudes ilegales contra la Administración pública y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.