La presidenta en funciones de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó (Compromís), ha defendido ante el juez que investiga presuntas irregularidades en contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra que no le constan ilegalidades de contratos.

Amigó ha declarado como testigo en el Juzgado de Instrucción 9 de Valencia, que investiga la causa secreta abierta tras la operación Alquería, en el marco de la cual se detuvo al presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y otras cinco personas, por prevaricación y malversación.

Las declaraciones se han producido el mismo día en que la dirección de Compromís ha destituido a la cogerente de Divalterra Agustina Brines, una de las seis personas investigadas en la causa, medida que será ratificada en la próxima reunión del consejo de administración de la empresa.

Según ha dicho Amigó a los medios de comunicación antes de declarar ante el juez, "en ningún momento" han tenido constancia "de la ilegalidad de ningún contrato que se haya hecho en Divalterra ni en ninguna empresa semipública o en la Diputación".

Ha admitido que los miembros del equipo de gobierno provincial se han planteado que "hay que hacer una reflexión" sobre Divalterra, la antigua Imelsa, pero ha destacado que lo importante es preservar los derechos de los trabajadores y mantener los servicios que prestan a los ayuntamientos.

Ante el que también han testificado este viernes los representantes del PSPV, PP y Ciudadanos en Divalterra. El portavoz del PSPV, Pablo Seguí, ha mostrado tras declarar ante el juez la "confianza plena" en sus compañeros y en el equipo de gobierno, pues son "honrados".

El equipo de gobierno "no ha metido la mano de ninguna de las maneras" y seguirá trabajando por los ciudadanos", ha dicho Seguí, quien ha acusado al PP -que ha denunciado que los investigados continúan cobrando sueldos públicos- de tener "mucha cara", porque el anterior gerente de Divalterra les pidió que le guardaran el puesto en la empresa.

El representante del PP, Rafael Soler, ha señalado que presentaron la denuncia de los contratos de altos cargos por irregularidades, pero es el juez el que tiene que decidir si existen, y ha advertido de que se debería haber nombrado a alguna persona para firmar las necesidades de los 500 brigadistas que salen al monte.

Sobre el futuro de Divalterra, ha opinado que la reflexión la deben hacer los políticos y las personas que ponen el frente de las empresas e instituciones, no sobre la empresa, ya que ésta "cumple perfectamente su cometido".

La portavoz del Partido Popular (PP) en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, ha asegurado que el president de la Generalitat, Ximo Puig, "ahora pretende eliminar la Diputación" en "un intento de desviar la atención ante los casos de corrupción que afectan a su partido".

El representante de Ciudadanos, Jorge Ochando, ha coincidido con el PP en que este grupo vio irregularidades en los contratos y por eso lo comunicaron a la Fiscalía.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha indicado tras la reunión semanal del Gobierno valenciano que cuando el máximo dirigente de la institución provincial de Valencia ha dimitido, "la responsabilidad política está asumida", y ha asegurado que se han tomado decisiones "contundentes".