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DIPUTACIÓN VALENCIA (Previsión)

Detenido el presidente de la Diputación de Valencia por contratos irregulares

El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha sido detenido, junto a otras cinco personas, tras una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre varios contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra en una causa abierta por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación.

  • Agencia EFE

El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha sido detenido, junto a otras cinco personas, tras una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre varios contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra en una causa abierta por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación.

El resto de detenidos en la denominada operación Alquería son los cogerentes de Divalterra (la antigua Imelsa), Agustina Brines (de Compromís) y Javier Simó (del PSPV); el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda; y dos asesores de la Diputación, entre ellos el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego.

Rodríguez es también alcalde de Ontinyent y portavoz de la Ejecutiva nacional del PSPV-PSOE, uno de los jóvenes con más proyección dentro del partido en los últimos años y que preside la Diputación desde 2015 con Compromís y Esquerra Unida como socios de gobierno.

Según las estimaciones del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Rodríguez, sus dos asesores y Cuerda pasarán previsiblemente el próximo viernes a disposición del juez instructor que ha coordinado la operación Alquería, desarrollada desde las 7.30 horas entre Valencia y Ontinyent.

La causa se inició este año tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia y en ella se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra en 2015.

Divalterra nació como Imelsa en 1995, bajo el mandato del PP, como empresa de gestión forestal, pero con el cambio de gobierno se modificó el nombre para desvincularla de los procesos judiciales del llamado caso Imelsa y se le ampliaron sus competencias para abarcar más áreas de promoción económica y ambiental de la provincia.

Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han practicado registros en la Diputación, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent -con Rodríguez escoltado por varios agentes- y en la sede social de Divalterra, en la valenciana calle Avellanas.

El instructor ha autorizado también la entrada y registro en cuatro viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros tres investigados.

En el dispositivo, que se ha activado con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia, según el TSJCV.

Las reacciones políticas han ido desde la cautela pedida por los partidos que sustentan el gobierno de la Diputación hasta la exigencia de dimisión de Rodríguez por parte del PP y de Ciudadanos.

Precisamente este último partido ha revelado que denunció el pasado abril ante la Fiscalía posibles irregularidades en contratos de alta dirección en Divalterra, lo que según su portavoz en la Diputación, Mari Carmen Peris, ha propiciado la operación Alquería.

En marzo, Ciudadanos ya pidió la convocatoria extraordinaria y urgente del consejo de administración de esta empresa pública por las responsabilidades que se pueden derivar por la publicación en un diario valenciano de un dossier que cuestiona las cuatro contrataciones de alta dirección en Divalterra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que el PSOE aplicará el código ético del partido a Jorge Rodríguez, que fija no la adopción de medidas cuando se notifique la apertura de juicio.

El PSPV y Compromís han calificado de "desproporcionado" el dispositivo policial desplegado y han pedido cautela hasta que se aclare el grado de implicación de los detenidos en la causa, mientras desde Podemos han avanzado que se pedirá la dimisión de Rodríguez si se confirman las acusaciones.

El president de la Generalitat Valenciana y líder del PSPV, Ximo Puig, ha apelado a la prudencia hasta que se conozca "toda la información y las consecuencias desde el punto de vista jurídico".

Para la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, la operación Alquería apunta a "algo serio y feo" y ha admitido que noticias como estas son "preocupantes y desoladoras".

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