El Defensor del Pueblo reclama una reforma en la Ley de Testigos Protegidos tras recibir una queja de una víctima de trata de seres humanos por los problemas ocasionados después de la celebración del juicio en el que estaba bajo esta condición y en el que se reveló su identidad.

La institución considera muy importante esta figura "en la lucha contra formas especialmente graves de criminalidad", por lo que cree conveniente modificar la actual ley, vigente desde 1994, que califica como "anticuada" y sin "desarrollo reglamentario, con solo con cuatro artículos".

La queja en cuestión se refiere a la falta de garantías posteriores de los testigos protegidos, en la que, tras la revelación del nombre de la afectada durante la vista oral, percibió únicamente un DNI nuevo, pero no ayudas económicas ni una partida de nacimiento de la misma.

La testigo protegido afirmaba que, al tener una nueva identificación y cambiar de ciudad, "todo su pasado había desaparecido" puesto que no disponía de ningún documento necesario "para llevar a cabo una vida normal", ni información de algún organismo público de cómo proceder en lo sucesivo.

Asimismo, la afectada tampoco percibió ningún tipo de remuneración o contraprestación por su cooperación en el caso del que fue víctima de trata, pese a lo dispuesto en el artículo 3.2 de la ley que ahora proponen modificar.

Tras la admisión del escrito por parte de la Dirección General de la Policía y ya que, según calificó el juez titular del Registro Civil de la ciudad a la que se mudó, "ningún organismo fue capaz de dar respuesta a los problemas planteados" referentes a sus nuevos datos de afiliación, se iniciaron actuaciones con la Fiscalía.

La Fiscalía reconoció la laguna legal que suscita este caso y dio cuenta al fiscal de sala encargado de trata de personas por si procediera instar a la Dirección General de Registros y Notariado a promover una circular o las modificaciones legales oportunas.

El Defensor solicitó la colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia, que respondió con un informe de esa Dirección General en la que se expone la posibilidad legal de realizar ese cambio de nombre por razones de urgencias si así lo dispone el Ministerio de Justicia.

Pero en esa misma respuesta recuerda que "los órganos españoles carecen de competencia para cambiar el nombre de un extranjero", que se rigen "por su ley nacional".