La declaración de cuatro testigos ha cerrado hoy la instrucción del caso Inipro, que investiga el presunto desvío de fondos de servicios sociales municipales de Tarragona para financiar el PSC.

Según el abogado Paco Zapater, que representa a cuatro de los investigados, había pedido estas declaraciones por considerar que los testigos ayudarán a probar que la empresa Inipro realizó los trabajos encargados por el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) de Tarragona.

Los testigos que han declarado hoy son dos trabajadoras de Unitat Tècnica d'Immigració i Ciutadania (UTIC), una del IMSS y la presidenta de una asociación de vecinos de un barrio periférico de la ciudad.

Inipro cobró 337.168,97 euros entre los años 2009 y 2011 por un servicio de atención a inmigrantes, adjudicado mediante un procedimiento negociado sin publicidad, aunque las tres empresas a las que se invitó a participar estaban vinculadas entre ellas.

Una vez Inipro -compañía vinculada al PSC-, se adjudicó el servicio, se le prorrogó durante dos años en vez de convocar otro procedimiento y varios de los empleados que contrató para realizar el encargo del IMSS también estaban vinculados al partido socialista.

La CUP denunció los hechos y el juzgado número 1 de Tarragona considera que hay indicios de los delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y alteración de precios de subastas.

El juez considera al PSC como partícipe a título lucrativo y abrió una pieza separada -que sigue bajo secreto de sumario- sobre si este sistema también se aplicó en otros municipios catalanes gobernados por los socialistas.

En la pieza principal constan como investigados el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; la exconcejal de Servicios Sociales Victòria Pelegrín; la portavoz del gobierno municipal, Begoña Floría, y el exjefe de gabinete de alcaldía Gustavo Cuadrado, todos del PSC.

Una vez concluidas todas las diligencias de la instrucción, el juez dictará el auto de procedimiento abreviado.