Las diputaciones provinciales son los órganos de gobierno de las provincias y su labor consiste en administrar sus intereses y asegurar la prestación integral y adecuada de los servicios públicos de competencia municipal en todo el territorio de la provincia.

La Constitución española de 1978, en el título VIII dedicado a la organización territorial del Estado, prevé la existencia de las diputaciones provinciales u otras corporaciones de carácter representativo como órganos de gobierno y administración de la provincia, a la que define como una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios. Existen 41 diputaciones provinciales en España. De ellas, 38 son de régimen común y tres de régimen foral. Además existen siete cabildos y cuatro consejos insulares.

Existe mucho debate sobre el papel de las diputaciones provinciales. Los partidarios alaban su función de apoyo a los pueblos, con menos de 5.000 habitantes, como instrumentos de articulación de cada provincia. Algunas han sido de las pocas administraciones que han terminado en años de crisis con superávit en sus cuentas. Los críticos, por su parte, hablan de que son instituciones que sirven para retirar a personas públicas, que duplican funciones o que en algunas comunidades autónomas han sido "nidos de corrupción".

¿Dónde existen?

Las siete comunidades autónomas uniprovinciales (Principado de Asturias, Cantabria, Comunidad de Madrid, La Rioja, Región de Murcia y Navarra) no tienen diputaciones provinciales, ya que esa administración fue absorbida por la autonómica. En el caso de Navarra, el Gobierno foral recibe el nombre de Diputación Foral de Navarra.

La diputación foral es el órgano de gobierno y administración de las provincias y territorios históricos del País Vasco (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya). Estas tres diputaciones forales tienen un régimen especial y se diferencian de las diputaciones provinciales especialmente en que son órganos de elección directa y en que tienen competencias en la fiscalidad vasca. En las islas, en lugar de diputaciones, lo que existen son los cabildos y los consejos insulares.

 ¿Qué son, cuáles son sus funciones y a qué se dedican? 

Las diputaciones provinciales son los órganos de gobierno de las provincias y su labor consiste en administrar sus intereses y asegurar la prestación de los servicios públicos de competencia municipal en todo el territorio de la provincia. Estas instituciones suministran servicios a los pequeños municipios que por sí mismos no podrían prestarlos, como el agua y los residuos. Asimismo, reparten fondos estatales para arreglar infraestructuras.

Cooperan con los municipios mediante aportaciones económicas a través de los planes provinciales, recayendo la ayuda sobre materias como el saneamiento y control ambiental, la ingeniería, el urbanismo o el bienestar social.

¿Cómo se financian?

Las Diputaciones son entes locales y cuentan con un presupuesto de casi 6.400 millones de euros, que alcanzaría los 22.000 millones si se incluyen las Diputaciones forales (13.200) y las Islas Baleares y Canarias (2.100).

Una mirada permanente al mundo rural está unida a la propia existencia de las Diputaciones Provinciales. La cobertura técnica, jurídica y financiera a nuestros pueblos es fundamental, siendo los entes locales los ideales para municipios luchar contra la despoblación y asimismo los que gestionen los fondos públicos destinados para ese fin.

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¿Cuántas personas trabajan en las diputaciones? 

En las diputaciones, cabildos y consejos insulares trabajan 60.863 personas, de acuerdo al Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del mes de julio de 2016. 

¿Cómo se eligen sus miembros?

Las diputaciones provinciales son órganos de elección indirecta, cuya composición se establece a partir de los resultados de las elecciones municipales, en las que se eligen a los representantes políticos de los ayuntamientos. Los diputados provinciales se eligen, en cada partido judicial, por y entre los concejales de cada partido elegidos en algún municipio del partido judicial.