Ciudadanos se ha quedado solo en la tramitación de su reforma del Ministerio Fiscal, toda vez que la mayoría de los grupos han arremetido hoy en el Congreso contra este partido por su "deslealtad" y por "apropiarse de los trabajos" del Pacto de Estado por la Justicia, que la formación naranja abandonó.

A falta de la votación final, PP, PSOE, Podemos, PNV, ERC y PDeCAT han anunciado ya que no apoyarán la toma en consideración de la proposición de ley de Ciudadanos -se votará el jueves- que propone que el Congreso tenga la última palabra en el nombramiento y cese del fiscal general del Estado.

Lo han hecho tanto por el fondo del texto que consideran "inconstitucional" como por las formas al acusar de forma unánime a esta formación de "oportunista" e "individualista" al actuar al margen de la subcomisión parlamentaria que, entre otros asuntos, trabaja para conseguir un consenso sobre la reforma del Ministerio Fiscal dentro de un futuro Pacto de Estado por la Justicia.

Se da la circunstancia de que esta reforma se debate cuando la formación que lidera Albert Rivera ha abandonado dicha subcomisión, un hecho en el que han ahondado todos los grupos para reprochar a Ciudadanos su actitud por "apropiarse del trabajo de otros".

En la defensa de la iniciativa, el portavoz de Justicia de Ciudadanos, Nacho Prendes, ha propuesto "desanclar al fiscal general del Gobierno", de forma que esta figura "cuente con el aval de una inmensa mayoría parlamentaria" en su nombramiento y cese.

Con ello, se lograría "sacar a esta institución de un debate político permanente", puesto que "los ciudadanos perciben que el fiscal general lo es del Gobierno y no del Estado", algo de lo que ha culpado a PSOE y particularmente al PP, pues esta reforma figura en el pacto de investidura entre ambas formaciones.

Pero el PP no lo entiende así y, al contrario, acusa a Ciudadanos de "incumplimiento" de los pactos de investidura suscritos con ellos por su "incoherencia y auténtica deslealtad" al salirse de la subcomisión y dejarles "con un año de trabajo tirado".

Igualmente, el PSOE ha criticado más al propio partido que al texto al considerar que esta reforma con "tintes populistas" se aborda con consenso y "no levantándose y yéndose a la francesa".

Y al igual que los populares, ha asegurado que la propuesta "raya la inconstitucionalidad" y que "no es nada vergonzoso que el Gobierno pueda nombrar al fiscal general", al tiempo que ha dicho que el problema con el Ministerio Fiscal no está en los nombramientos y si en la falta de medios.

Desde Podemos han cargado contra Ciudadanos por "interrumpir el Pacto de la Justicia", del que la formación morada también se descolgó, y ha recordado que su grupo ya registró una proposición de ley de reforma del Ministerio Fiscal similar en cuanto al fondo, pero sin la "dudosa constitucionalidad" que hoy se debate.

Igualmente, PNV, ERC y PDeCAT han arremetido también contra Ciudadanos por su "oportunismo político" e "individualismo" para "intentar colgarse una medalla" con el trabajo de otros.

Al margen del nombramiento y cese, la reforma de Ciudadanos propone ampliar de cuatro a seis años la duración del cargo del fiscal general y elevar a 25 años de trayectoria profesional, y no 15 como ahora, el requisito para optar al puesto, así como no haber desempeñado ningún cargo público o electivo en la última década.

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También recoge que el mandato del fiscal general no podrá ser renovado y que el fiscal general no tendrá la última palabra en el nombramiento de la jefatura de las Fiscalías clave, como la de Anticorrupción, pues estaría en manos del Consejo Fiscal.