El exfutbolista del Alcorcón Raúl Cano está llamado a declarar el próximo 20 de abril para responder ante el juez de Madrid que le investiga por haber estafado supuestamente unos 15 millones de euros a 774 inversores mediante su empresa ARC.

En una providencia a la que ha tenido acceso Efe el titular del juzgado de instrucción 10 de Madrid le ha emplazado a las 10:30 horas en la misma semana en la que ha citado a otras cuatro personas como investigadas.

En concreto, el 17 de abril está citado Raúl Garzón, quien supuestamente actuó como testaferro para Cano al comprarle ARC por un euro en julio de 2017, cuando se vio en apuros.

Según declaró Garzón a la policía, cobró 500 euros por estampar su firma y accedió a ello porque "necesitaba el dinero para comer y consumir cocaína".

También está requerida ese día la mujer de Cano, Lourdes Pérez, que cobraba una nómina de 70.000 euros al año de ARC por llevar las redes sociales de la empresa.

El jueves 19 declarará también como investigado José Luis Cogollo, que fue director comercial de la empresa y considerado el cabecilla de la estafa junto a Cano, y Silvia Villar, comercial que llegó a ganar comisiones de 90.000 euros en un mes por conseguir inversores, que facturaba a través de su empresa familiar.

Villar fue una de las fundadoras de una plataforma de afectados por la estafa, ya que también invirtió dinero en los productos financieros, un negocio del que se llevó un 10 % de comisión de los casi 300 contratos que consiguió.

En este caso se indaga una estafa de tipo piramidal que arrancó en noviembre de 2015, cuando la empresa ARC, fundada por Cano y que se dedicaba aparentemente a la inversión en el mercado de futuros, en concreto en divisas, empezó a captar a sus primeras víctimas.

Cano, que fue detenido el pasado febrero y puesto en libertad después, contrató a varias personas -algunas de las cuales luego le denunciaron- para conseguir clientes y logró así unos 15 millones de euros.

Ese dinero se fue ingresando en dos cuentas desde las que se ordenaron traspasos a otras que la Policía está investigando, con destino a Reino Unido e incluso las Islas Caimán.

La causa la lleva el juzgado de instrucción 10 de Madrid, aunque la Fiscalía y algunos afectados (ya han denunciado unos 500) han pedido a la Audiencia Nacional que se quede con la causa, como las más de 200 víctimas que representa el despacho Durán&Durán Abogados.

La empresa ARC, que estuvo domiciliada en el exclusivo parque empresarial La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid), captaba a sus clientes prometiéndoles suculentos dividendos por las inversiones.

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Sin embargo, según los investigadores, esos beneficios nunca se generaron y las supuestas rentas se pagaban con el dinero que invertían nuevos clientes, en lo que supone el esquema clásico de una estafa piramidal que ahora investiga un juzgado de Madrid.

Cano, que pagó 84.000 euros por alquilar un palco en el Santiago Bernabéu para sus negocios, negó estas acusaciones ante los agentes y dijo que él no prometió ninguna rentabilidad concreta.

"Lo que se ofrecía al cliente era la realización de inversiones, sin que se ofreciera ningún tipo de beneficio o rentabilidad a priori", dijo a la policía.