El CGPJ ha defendido hoy, en una vista celebrada ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional por una demanda interpuesta por las asociaciones judiciales, que las cargas de trabajo en órganos judiciales están adaptadas a sus necesidades y las emergencias puntuales se regulan según van surgiendo.

Esa ha sido una de las principales alegaciones que ha hecho el letrado que ha representado al órgano de gobierno de jueces y magistrados para oponerse a esta demanda interpuesta por las cuatro asociaciones judiciales que reclaman al CGPJ la obligación de fijar la carga de trabajo y de cumplir el convenio suscrito con el Ministerio de Justicia sobre prevención de riesgos laborales.

A estos argumentos del CGPJ se ha adherido también el abogado del Estado en nombre del Ministerio de Justicia y la comunidades autónomas con competencias en esta materia, dado que es al Consejo al que corresponde regular las cargas de trabajo.

En la vista celebrada hoy para resolver este conflicto, el abogado, en nombre de la parte demandada, ha sostenido que desde el CGPJ se cumple con el plan de prevención de riesgos laborales, y ha explicado que se han adaptado las cargas de trabajo de cada uno de los órganos judiciales siguiendo ese criterio.

Todo ello dentro de "un proceso dinámico" en el que se atienden las incidencias que puedan afectar al titular de un órgano y, en el caso de detectar un riesgo, "se modula esa carga de trabajo".

Ha añadido que se han evaluado esos riesgos y se han adoptado medidas preventivas, se ha contratado un médico especializado en esta materia, y se han elaborado entrevistas individuales y encuestas entre todos los miembros de la carrera judicial.

Ha recordado que existe un mapa judicial de riesgos y un sistema de alerta por el que se detectan las incidencias y a partir de ahí se procede a una adaptación individualizada.

También ha esgrimido que se intentó elaborar el estatuto del delegado de prevención de riesgos que, si bien no se aprobó, "sirve de pauta", y ha anunciado que se está elaborando un código de protección social de la carrera judicial y ha aportado un borrador al tribunal, que ha presidido Ricardo Bodas.

En respuesta a las alegaciones del CGPJ, la abogada que ha representado a las cuatro asociaciones judiciales, Ana Noguerol, ha defendido establecer una carga de trabajo base y luego estudiar las emergencias individuales que surjan.

Opina que el mapa judicial de riesgos y el sistema de alerta es inadecuado por usar el criterio sobre la carga de trabajo solo en función de la entrada de asuntos en un órgano.

Ha mantenido además que la inspección de trabajo ha reconocido que la legislación de prevención de riesgos es aplicable a jueces y magistrados.

Considera que el CGPJ está obligado a aplicar esa legislación a los jueces y magistrados porque, si bien no se especifica nada en la norma acerca de la carrera judicial, la administración pública debería asimilarse a la figura del empresario y los funcionarios a la de los trabajadores.