La sección española de Amnistia Internacional (AI) considera la desaparición de ETA "un hito que cierra una etapa negra" y pide que se impulse una agenda común de derechos humanos en el País Vasco.

Así lo ha manifestado el director de Amnistia Internacional en España, Esteban Beltrán, que ha precisado que la disolución "no reduce la responsabilidad de sus miembros de colaborar en la investigación de los asesinatos cometidos, extorsiones, amenazas o coacciones a amplios sectores de la población".

En un comunicado, Beltrán subraya también que el hecho de que ETA se disuelva no anula el derecho de sus víctimas a reclamar verdad, justicia y reparación.

Para Esteban Beltrán, "el anuncio de la disolución de ETA debe ayudar a impulsar definitivamente una agenda común de derechos humanos asumida y compartida por las autoridades centrales, vascas y navarras".

En este sentido, ha anunciado que AI España impulsará la semana que viene esta agenda entre las autoridades vascas y navarras.

Además, Amnistia ha reclamado información detallada y desglosada de todos los abusos cometidos por ETA, al recordar que muchas de las víctimas aún no han sido identificadas o indemnizadas.

También pide al Gobierno que facilite una cifra oficial sobre el número total de casos que están sin esclarecer y que precise si todas las víctimas de los atentados mortales han tenido acceso equitativo y efectivo a su derecho a la justicia.

A juicio de Beltrán, "los estados deben proporcionar esa información para que las víctimas y sus familias accedan a una adecuada reparación, así como para luchar contra la impunidad".

En este sentido, el responsable de Aministia Internacional en España recuerda que, según los datos del Gobierno vasco, el 98 % de las víctimas reconocidas de ETA habrían tenido acceso a algún tipo de reparación.

Sin embargo, dice que no sucede lo mismo con otras y se refiere a las cifras facilitadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que estiman que "habría doce casos por atentados de ETA en los que los familiares desconocen el estado procesal en el que se encuentran los expedientes".

En cuanto a la agenda de Derechos Humanos para el País Vasco que propone Amnistia, destaca la necesidad de "garantizar por completo el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados, incluidas las víctimas de los GAL y del Batallón Vasco Español".

Pide también que se asegure "el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha antiterrorista", que habrían afectado a unas 3.000 personas entre 1960 y 2013, según el Instituto Vasco de Criminología.

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También demanda Amnistia que se garantice la adecuada investigación de "todos los abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad" a través de una auditoría externa.

Considera la organización humanitaria que hay que "revisar la legislación antiterrorista (Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal) para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos; y poner fin al régimen de incomunicación para las personas detenidas".

Y cree también necesario que se revise la actual política penitenciaria por parte del Gobierno central para que los presos puedan cumplir condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible e individualmente lo soliciten, según marcan los principios de Naciones Unidas.