El Parlamento Vasco ha instado a las Cortes Generales a que modifique la Ley de Víctimas del Terrorismo para que solo se pueda excluir de la reparación a una víctima que ha participado en actos violentos o ha pertenecido a una organización terrorista, pero con una sentencia firme que lo determine.

La resolución ha sido presentada conjuntamente como una enmienda transaccional por los dos grupos que apoyan al Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE, y Elkarrekin Podemos, autor de la iniciativa original.

También ha contado con el apoyo de EH Bildu, excepto en dos puntos que se ha abstenido, mientras que el PP se ha opuesto a todo el texto.

Con esta resolución la Cámara de Vitoria, que hoy ha celebrado una sesión plenaria, pretende que se modifique la incorporación a la ley de 2011 del convenio europeo de indemnización a las víctimas de delitos violentos que establece que se podrá reducir o suprimir la indemnización a la víctima si ha participado en actividades terroristas o pertenece a una organización que cometa hechos violentos.

En base a la interpretación de este convenio, el anterior Gobierno denegó ayudas a más de medio centenar de víctimas de grupos como los GAL, el Batallón Vasco Español y de otros grupos, aunque no hubiera una sentencia firme que condenara a los solicitantes.

El acuerdo del Parlamento Vasco de hoy, con la abstención de EH Bildu, pide a las Cortes que además modifique el artículo quinto de la ley para permitir el "reconocimiento y reparación de las víctimas de persecución" y que incorpore las posibilidades que en favor de las víctimas "ofrece la opción de la justicia restaurativa en clave de reparación del daño causado", tal y como restablece la directiva europea de 2012.

También solicita al Gobierno Vasco que cree una línea de ayudas que mitigue la "revictimización" y la carga económica añadida que soportan las familias que han reclamado estas ayudas y que han tenido que pasar por la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Parlamento de Vitoria pide a los gobiernos español y vasco que facilite a las víctimas que desconocen "la verdad e incluso la ubicación de los restos de sus familiares la posibilidad de acceder a toda la información que requieran", incluso en aquellos casos que hayan sido amnistiados o hayan prescrito, con el fin de completar "el reconocimiento y reparación que merecen como víctimas".