La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado hoy al Gobierno el cumplimiento de su "obligación" para proporcionar defensa y asistencia jurídica a los guardias civiles agredidos en Ceuta en el salto masivo de los 600 inmigrantes del pasado día 26 de julio.

En un comunicado, la AUGC recuerda que en el asalto masivo resultaron heridos once guardias civiles que participaban "en el cumplimiento de sus obligaciones para la contención de la inmigración irregular".

La asociación advierte de la necesidad de que el Gobierno cumpla con su "obligación de proporcionar a aquellos, defensa y asistencia jurídica en los procedimientos penales que se hayan puesto en marcha, para la depuración de los hechos que pudieran tener el carácter de delitos".

Así se desprende del contenido del artículo 30 de la Ley Orgánica 11/2.007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.

Por ello, AUGC, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, exige al Gobierno que "cumpla con la ley e imparta las instrucciones y órdenes oportunas para que la Abogacía del Estado ejerza la acusación particular en defensa de los legítimos derechos e intereses de cada uno de los guardias civiles que hayan resultado heridos o perjudicados por los hechos en todos y cada uno de los procedimientos penales que se incoen al respecto".

En caso contrario, la AUGC advierte que ejercerá "de garante de los derechos de los guardias civiles, ejercitando las acciones legales pertinentes".

La organización ha dejado claro que "son muchos los políticos y autoridades que estos días se están acercando a la valla fronteriza de Ceuta, buscando la fotografía y protagonismo propio, pero a la hora de la verdad los guardias civiles no vemos que se inicien la acciones oportunas que muestren realmente la preocupación y solución a los verdaderos problemas de los agentes".

La AUGC recuerda, una vez más, que está pendiente la regulación reglamentaria de este derecho profesional desde el año 2007, y que las asociaciones profesionales que ejercen esta defensa del colectivo lo han de hacer a costa de sus presupuestos.