La Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar si la Guardia Civil "faltó a la verdad" en los interrogatorios del pasado mes de julio a imputados por el referéndum del 1-O, aunque avala que los agentes practicaran diligencias "sin el mandato expreso" del instructor.

En un auto, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona revoca la decisión del titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona de archivar la querella que la asociación de juristas Drets presentó contra la Guardia Civil, así como la denuncia que formuló el Govern a raíz de los interrogatorios practicados a altos cargos de la Generalitat el pasado mes de julio por el 1-O.

La sala acuerda admitir a trámite la querella de Drets "solo a los efectos de investigar la posible comisión de delitos de falsedad en documento oficial", dado que los agentes comunicaron a los interrogados que les imputaban por los preparativos del 1-O en la causa abierta por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, mientras que en una resolución paralela instada por la CUP el magistrado aclaraba que el caso no tenía por objeto "la organización política ni la convocatoria de un referéndum".

La Audiencia reprocha al juez que, pese a lo afirmado en esa resolución y en una nota de prensa en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña afirmaba que las diligencias de la Guardia Civil no habían sido solicitadas por el instructor, descarte "prematuramente la posible comisión de un delito de falsedad documental".

Para la sala, si las diligencias de la Guardia Civil no guardaban relación con lo investigado por el juzgado, los agentes "faltaron a la verdad al afirmar lo contrario. No afirmamos que efectivamente faltaran a la verdad, sino que no puede sostenerse lo contrario" sin llevar a cabo alguna indagación, aclara el auto.

En ese sentido, emplaza al instructor a solicitar al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que certifique si el pasado mes de julio encomendó a la Guardia Civil investigar "algún hecho, y si entre tales hechos se encontraba la convocatoria del referéndum", antes de acordar alguna imputación.

La Audiencia, no obstante, recalca que el hecho de que las fuerzas de seguridad practiquen diligencias de investigación "dentro del espacio policial, sin el mandato expreso del instructor", no es subsumible en ninguno de los tipos penales señalados en la querella.

"En esa tesitura, pese a que lo deseable sería una comunicación previa, exhaustiva y detallada entre la policía judicial y el director formal de la investigación, a veces es inevitable, por cuestiones puramente logísticas y organizativas, que se establezcan amplias delegaciones de facto o que se éstas se reconozcan tácita o implícitamente", añade la sala.

Para la Audiencia de Barcelona, "hoy en día no es posible afirmar que la policía se limita a intervenir 'a prevención' de la autoridad judicial".

"Las tasas de criminalidad existentes, la complejidad de diversas manifestaciones delictivas, la superior preparación criminalística de los funcionarios policiales en la materia investigadora, la raquítica planta judicial y el diseño decimonónico de la organización judicial penal son factores que, indudablemente, determinan ese resultado", añade el auto.

En el caso de que el juez no tuviera ninguna causa abierta en relación con las diligencias de la Guardia Civil, la sala considera que "la investigación policial sumaria no sólo no se encontraría proscrita, sino que tendría acomodo en nuestra legislación procesal (...)".

En su auto, la sala ordena al juez instructor que decida si procede o no fijar una fianza a Drets, y en qué cuantía, para personarse como acusación popular en la causa abierta contra la Guardia Civil.