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BLANQUEO CAPITALES

Archivan caso contra ocho miembros de red rusa acusada de blanqueo capitales

Tarragona, 4 jul (EFE).- El juzgado de instrucción número 3 de Reus ha archivado el denominado caso Usura, por el que, en junio de 2016, fueron detenidos en distintas localidades de Tarragona ocho supuestos miembros de una red mafiosa rusa acusados de blanquear, a través de negocios e inversiones inmobiliarias, 62 millones de euros.,En la operación participaron más de 180 agentes de la Guardia Civil, que practicaron las ocho detenciones y quince registros en las poblaciones de Reus, Cambrils y S

  • Agencia EFE

El juzgado de instrucción número 3 de Reus ha archivado el denominado caso Usura, por el que, en junio de 2016, fueron detenidos en distintas localidades de Tarragona ocho supuestos miembros de una red mafiosa rusa acusados de blanquear, a través de negocios e inversiones inmobiliarias, 62 millones de euros.

En la operación participaron más de 180 agentes de la Guardia Civil, que practicaron las ocho detenciones y quince registros en las poblaciones de Reus, Cambrils y Salou, mientras el juez embargó 142 cuentas corrientes y un total de 191 propiedades de la red.

El clan, integrado supuestamente en organizaciones criminales relacionadas con la mafia rusa, como las denominadas Tambovskaya y Taganskaya, fue investigado por usar un entramado de empresas pantallas para blanquear dinero negro que les llegaba en efectivo desde Andorra y mediante transferencias bancarias desde paraísos fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción cifró el importe del blanqueo en al menos 62 millones de euros, e investigaba también a la trama por presunta defraudación a Hacienda.

El juez finalmente ha archivado el caso en base a un informe de Hacienda que constata que no ha habido delito fiscal alguno, y en consecuencia tampoco delitos de blanqueo de capitales o de organización criminal, según han informado fuentes de la defensa.

Del mismo modo, el magistrado ha levantado todas las medidas cautelares que se dictaron en su momento contra los investigados y sus propiedades.

Las defensas de los detenidos han anunciado que, tras el archivo del caso, reclamarán al Estado por los daños y perjuicios causados por el ingreso en prisión preventiva de los investigados, y que las reclamaciones podrían ascender a 5 millones de euros.

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