La Audiencia Nacional señala en el auto en el que confirma el procesamiento por sedición del mayor Josep Lluis Trapero que los Mossos d'Esquadra diseñaron para el 1-O un dispositivo "engañoso" con un sistema de comunicaciones "lento e ineficaz" destinado a "socavar" la actuación del resto de fuerzas de seguridad.

Para el tribunal, la cúpula de los Mossos no solo incumplió el mandato judicial al permitir la celebración del referéndum declarado inconstitucional, sino que también trató de impedir la actuación de los otros cuerpos de seguridad del Estado.

Un posicionamiento que al principio se plasmó en moderadas indicaciones dadas por Trapero, bajo los postulados de "oportunidad y proporcionalidad" y que después se tradujo "en pautas de actuación ambiguas" y "contrarias" a las órdenes judiciales.

Además, la Sala destaca que el mecanismo de comunicación entre los agentes de servicio y sus mandos el 1-O era "lento e ineficaz", un sistema "a todas luces inadecuado por la demora que exigía" y que conllevaba que los propios agentes debían tomar decisiones de "motu propio".

Para comunicar una incidencia el agente en cuestión, señala el auto, debía trasladarse a la Sala Regional de mando, que a su vez se lo notificaría al Centro de Coordinación Regional para que valorase si se enviaba mediadores o, en su caso, se pedía apoyo a la Policía local o al Centro de Coordinación de los Mossos y así, eventualmente, pedir a su vez refuerzo a las Fuerzas de Seguridad.

Un operativo que, según la Audiencia Nacional, no obedecía a razones técnicas, sobre todo teniendo en cuenta que sólo había ocho agentes de mediación para toda Cataluña y actuaban en pareja, sino "al designio de posibilitar el referéndum".

Además, para el tribunal, la movilización de agentes fue escasa, 7.000 frente a los 12.000 que llegan a desplegarse en jornadas electorales, y con una distribución "ineficaz" al asignar solo dos agentes en grandes centros.

Todo ello, se argumenta, dio lugar a una "total pasividad" por parte de los Mossos, cuando no de enfrentamiento con las Fuerzas de Seguridad para obstaculizar sus acciones e impedir la clausura de los centros de votación.

No actuaron tampoco, recuerda la Sala, cuando los agentes estaban siendo agredidos e incluso vigilaron sus movimientos y advertían de su llegada a los colegios.

Una "dejación" que, según el auto, llegó a tal "extremo" que, mientras la Policía Nacional y la Guardia Civil lograron cerrar más de 200 centros de votación el 1-O, los Mossos no clausuraron ninguno, al menos antes de que se cerrase el escrutinio, a pesar de que algunos interrumpían su actividad al mediodía, momento en el que se podía haber procedido al cierre.

Con su auto, la Sala avala la tesis de la juez instructora, Carmen Lamela, y confirma el procesamiento de Trapero y de sus jefes políticos, Pere Soler y César Puig, por sedición (al mayor le imputa dos delitos) y organización criminal. La intendente Teresa Laplana, por su parte, está procesada por un delito de sedición.