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JUICIO ERE

Ex altos cargos alegan interventor Empleo no vio déficit fiscalización ayudas

El exdirector de Trabajo Daniel Rivera y el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas han declarado hoy como testigos en la pieza política del caso ERE -en la que ambos estuvieron investigados- que el interventor de la Consejería que daba las ayudas nunca alertó de déficit en su fiscalización.

  • Agencia EFE

El exdirector de Trabajo Daniel Rivera y el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas han declarado hoy como testigos en la pieza política del caso ERE -en la que ambos estuvieron investigados- que el interventor de la Consejería que daba las ayudas nunca alertó de déficit en su fiscalización.

Rivera y Mañas ocuparon sus cargos del 2010 al 2012, cuando saltó la investigación judicial -a la que se han referido como "guantazo de realidad" o "bomba"- que ahora sienta en el banquillo a 22 excargos de la Junta por prevaricación y malversación al crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década se dieron 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y sin control, según la Fiscalía

Fue a raíz de que en un ERE subvencionado de Mercasevilla -empresa inmersa en un proceso judicial- aparecieran en noviembre de 2010 los primeros "intrusos", beneficiarios de ayudas para prejubilarse en empresas para las que nunca trabajaron.

En la Consejería de Empleo acordaran revisar durante un fin de semana en noviembre 2010 las ayudas a Mercasevilla y luego todas.

Según Rivera, entonces director de Trabajo, al llegar al cargo se encontró "con un guantazo de realidad desde el primer día" porque iban a verle colectivos de extrabajadores beneficiarios "que llevaban cuatro o cinco meses sin cobrar" ayudas comprometidas por sus antecesores (ambos acusados).

Pidió información a la asesora María José Rofa, quien le indicó las situaciones más acuciantes o con más retraso para pagar según la disponibilidad presupuestaria, sin sospechar de irregularidades porque "daba por sentado" que se habían concedido "adecuadamente".

Preguntado por el fiscal si le llamó la atención la falta de fiscalización previa de las ayudas -al usar transferencias de financiación para enviar dinero de Empleo a la agencia pública IDEA para pagarlas-, Rivera ha dicho que aunque ahora esa dinámica "nos pueda parecer perversa, en ese momento parecía natural".

Ha cuestionado si era necesaria la fiscalización previa "cuando el interventor de la Consejería de Empleo nunca puso ningún reparo" y "sinceramente ahora podemos discutir lo que usted quiera pero entonces me podía resultar indiferente que las ayudas se dieran con una fiscalización, con tres o con ninguna".

Por su parte, el exviceconsejero Justo Mañas ha referido también cómo se decidió revisar las ayudas "buscando fundamentalmente personas que no tuviesen derecho" por no cumplir los requisitos fijados en los ERE o ni siquiera pertenecer a la empresa en cuestión, y al ver que "no era un caso ni dos", se decidió paralizar los pagos hasta aclarar la situación.

"Alguien nos podía haber acusado de matar moscas a cañonazos al paralizar ayudas a casi 6.000 personas por un 2% de irregularidades y yo admito esa crítica pero en aquel momento era mejor pecar por exceso que por defecto", ha admitido.

Tras la revisión se hizo una orden en abril de 2011 para "mejorar el sistema" implantando la fiscalización específica de cada ayuda y unos requisitos que debían constar en una solicitud formal al entender que eran los elementos que "habían facilitado la aparición de intrusos".

Sin embargo, Mañas ha incidido en que el interventor de Empleo (entonces Juan Luque, que ya testificó) "nunca" indicó que este programa de ayudas "tuviera un déficit de fiscalización".

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