La detención hoy en Alemania del expresidente Carles Puigdemont abre un panorama más complicado para él, toda vez que los delitos por los que España le reclama tienen correspondencia con la legislación alemana con penas incluso más duras que en nuestro país que alcanzan hasta la cadena perpetua.

Fuentes jurídicas han explicado a Efe que Alemania es uno de los peores lugares en los que podía caer Puigdemont a la hora de aplicar y tramitar una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) porque el Código Penal alemán sí recoge delitos muy similares al de rebelión por el que le reclama España, algo que no ocurría en Bélgica.

De hecho, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidió cancelar la OEDE dado que la legislación belga no contempla el delito de rebelión por el que se le pretende juzgar en España.

Pero los artículos 81, 82 y 83 del Código Penal alemán, recogidos en Título II de la Sección Primera sobre delitos de traición a la paz, alta traición y puesta en peligro del Estado democrático de Derecho, despejan el panorama hacia una futura extradición del expresidente catalán.

El artículo 81 sobre el delito de alta traición a la Federación dice que "quien intente con violencia o por medio de amenaza con violencia perjudicar la existencia de la República Federal de Alemania o cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de la República Federal de Alemania, será castigado con pena privativa de la libertad de por vida o con pena privativa de la libertad no inferior a 10 años"

Y precisa que "en casos menos graves la pena privativa de la libertad es de un año hasta 10 años".

El artículo 82 sobre el delito de alta traición contra un Estado Federal castiga con esta misma pena de uno a diez años a quien intente con violencia o con amenaza de violencia "incorporar el territorio de un Estado total o parcialmente a otro Estado" trate de "separar una parte de un Estado" o "cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de un Estado".

Y al igual que sucede con el delito anterior, precisa que "en casos menos graves la pena privativa de la libertad es de seis meses hasta cinco años".

Por último el delito de preparación de una operación de alta traición contra la Federación (artículo 83) se castiga con cárcel de uno hasta diez años aunque en casos menos graves esta pena será de tres meses hasta cinco años.