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CORRUPCIÓN AYUNTAMIENTOS

El alcalde de Villaquilambre (León) denuncia que su detención pudo ser ilegal

León, 4 jul (EFE).- El alcalde de Villaquilambre (León), Manuel García (PP), también procurador en las Cortes de Castilla y León y por tanto aforado, ha denunciado que ayer pudo ser objeto de una detención "ilegal" en el marco de la Operación Enredadera contra la corrupción en numerosos ayuntamientos españoles.,Por medio de un comunicado, precisa que en el curso de las diligencias de investigación llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona se había acordado la entrada y r

  • Agencia EFE

El alcalde de Villaquilambre (León), Manuel García (PP), también procurador en las Cortes de Castilla y León y por tanto aforado, ha denunciado que ayer pudo ser objeto de una detención "ilegal" en el marco de la Operación Enredadera contra la corrupción en numerosos ayuntamientos españoles.

Por medio de un comunicado, precisa que en el curso de las diligencias de investigación llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona se había acordado la entrada y registro en las dependencias de Villaquilambre y la "localización" de las personas que habitualmente utilicen los despachos objeto de registro.

No obstante, añade que agentes de la UDEF procedieron a trasladar al alcalde y procurador a las dependencias del Ayuntamiento para llevar a cabo el registro y posteriormente a la Comisaria de Policía de León para la práctica de unas diligencias policiales que no venían acordadas por el auto del juzgado.

"Se da la circunstancia, y es un hecho conocido, que el alcalde de Villaquilambre es además procurador en las Cortes de Castilla y León y por tanto tiene la condición de aforado, por lo que la detención practicada podría constituir, un delito", recalca el comunicado del Ayuntamiento.

Recuerda que el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León dispone que "los procuradores "durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad salvo en el caso de flagrante delito, (que no es el caso) correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León".

En cuanto al auto, señala que expresamente discrimina las personas que habrían de ser detenidas de las que debían ser localizadas.

De este modo, entiende que su detención "pudiera tratarse de una clara extralimitación, más allá de lo expresamente acordado por el juzgado".

Además, el Ayuntamiento niega la existencia de irregularidad alguna en los procesos de contratación, y asegura que así resultará acreditado en el procedimiento judicial.

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