La asociación Ágora Judicial, impulsada por jueces catalanes, no ve un "ataque a la independencia" del juez Pablo Llarena en la demanda que han impuesto dos exconsellers contra él en Bélgica y considera "sorprendente" la carta del presidente del TS, Carlos Lesmes, pidiendo respaldo al Gobierno.

Lesmes dirigió ayer una carta a los ministros de Justicia y de Exteriores solicitando que llevaran a cabo "las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado" y de Llarena ante esta demanda.

En un comunicado, Ágora Judicial sostiene que preservar la independencia de los jueces "es, en efecto, una de las funciones del Consejo General del Poder Judicial", pero que "el ejercicio de esta función no puede suponer, paradójicamente, un ataque o afectación a la independencia de los jueces de otros países de la UE".

Eso sería "especialmente grave por el hecho de haberla causado la máxima autoridad judicial de un Estado", explican los jueces, que recuerdan además que todos los que ejercen esta profesión están "sometidos a la responsabilidad disciplinaria, penal y civil" como "garantías del control" de su actuación.

En este sentido, Ágora Judicial considera que una demanda civil "no implica necesariamente un ataque" a la independencia de un juez, o en este caso, de Llarena.

Asimismo, ven "sorprendentes, por impropios", los argumentos de Lesmes en su misiva, donde concluye que la iniciativa procesal "se enmarca en una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado del Tribunal Supremo encargado de la causa" que tramita por rebelión contra los exconsellers Antoni Comín y Meritxell Serret.

Los jueces de la asociación también evidencian "el contraste" de esta situación con "otros casos de ataques reales a la independencia de concretos jueces en que el CGPJ ha decidido no actuar", y concluyen que esto "permite plantear si el motivo real de la actual intervención sea, no tanto la existencia de un ataque a la independencia", como la "trascendencia" que el Consejo atribuye a que Llarena sea el magistrado instructor de la causa penal del 'procés'.