El juez instructor ha acordado la apertura de juicio oral contra los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, ambos del PP, y también contra el empresario Enrique Ortiz, entre otros, por las presuntas irregularidades en el diseño del PGOU de la ciudad.

Según ha informado a través de Twitter el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), otras seis personas también serán juzgados por cohecho, tráfico de influencias, revelación y aprovechamiento de información privilegiada y corrupción de autoridades o funcionarios públicos.

Se trata de Virgilio Ortiz (hermano de Enrique Ortiz); los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa); y los empresarios Pablo Rico, Ramón Salvador Águeda y Santiago Bernáldez.

En el auto de apertura de juicio oral, hecho público hoy por el TSJCV, el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, Manrique Tejada, fija una fianza civil de 1.339.249 euros a la que tendrán que hacer frente de forma conjunta y solidaria los nueve encausados antes de la vista.

Esa cantidad corresponde a la que gastó el ayuntamiento de la ciudad en los trabajos del nuevo Plan General (PGOU), al que renunció el sucesor de Castedo en la Alcaldía, el también popular Miguel Valor y que dirigió la ciudad seis meses tras la dimisión de la anterior el 23 de diciembre de 2014.

El magistrado excluye expresamente del auto al arquitecto redactor del PGOU bajo sospecha, Jesús Quesada, al que la Audiencia Provincial exculpó hace unos meses y que tendrá que comparecer únicamente en la vista oral como testigo.

Igualmente, excluye de los delitos por los que Ortiz deberá ser juzgado el de aprovechamiento de información privilegiada, que ya eliminó en el auto de procesamiento que dictó en su día.

No obstante, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Ayuntamiento de Alicante, que ejerce la acusación particular, y Esquerra Unida, que está personada como acusación popular, sí lo han incluido en sus escritos de acusación y han pedido penas de cárcel para el empresario por esa infracción penal.

Anticorrupción reclama provisionalmente 10 años de prisión para Castedo y 10 años y dos meses para Díaz Alperi por favorecer, presuntamente, al empresario Enrique Ortiz en el diseño del urbanismo de la ciudad.

El ministerio público les acusa de delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias y reclama para el promotor ocho años de prisión.

El fiscal, Felipe Briones, sostiene que los exalcaldes aceptaron entre 2008 y 2010 diversas dádivas de Ortiz a cambio de favorecer sus intereses en el nuevo planeamiento y de facilitarle datos del mismo que eran aún confidenciales.

"Esas dádivas no se materializaban en actos puntuales por cada trato de favor urbanístico recibido sino en un ofrecimiento permanente en cuanto pensara que sería del agrado de aquellos, o dando satisfacción a los intereses conforme le eran demandados", precisa Anticorrupción en su informe, al que ha tenido acceso Efe.

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La acusación pública cifra el importe de esos supuestos regalos en 453.157 euros a favor de Díaz Alperi, tanto por un viaje en avión privado a la isla de Creta como por aportaciones de capital a la empresa de uno de sus hijos o sobornos en efectivo.

En el caso de Sonia Castedo, la cifra estimada por el fiscal rondaría los 260.000 euros por diversos viajes de ocio, un coche o una chaqueta, entre otras cosas.

Para Anticorrupción, los dos políticos deberían haberse abstenido de todos los expedientes que afectaran al constructor por su amistad con él, pero en cambio se "prevalieron" de sus cargos para vulnerar "sistemáticamente" la confidencialidad de la revisión del PGOU.

Esa supuesta "connivencia" permitió al empresario y a sus empleados "marcar las pautas que más le beneficiasen y minimizar cuanto pudiera perjudicarle", además de adelantarse a la adquisición de terrenos que iban a ser recalificados en un futuro, siempre según la versión acusatoria.

El juez instructor de esta pieza separada del 'caso Brugal' requerirá ahora a los abogados defensores que presenten sus conclusiones provisionales antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial para la celebración del juicio oral.