José Estanislao López, abogado de Juana Rivas, ha presentado hoy ante el Juzgado de lo Penal 1 de Granada el primero de los dos escritos en los que va a pedir a su juez titular, Manuel Píñar, aclaraciones sobre la sentencia condenatoria antes de presentar un recurso de apelación ante la Audiencia.

El letrado ha considerado, en declaraciones a Efe, que el envío de estos escritos, el segundo de los cuales remitirá mañana, paralizará el plazo de diez días para apelar ante la Audiencia que fija el fallo que ha condenado a la vecina de Maracena (Granada) a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores.

López reclama que aparezca correctamente su nombre como representante legal de Rivas, además de que se corrijan algunas fechas erróneas y que se aclare a qué delitos corresponde la cuantificación exacta de la pena a seis años de privación del ejercicio de la patria potestad respecto a sus hijos.

El abogado espera que el juez pueda aclarar asimismo que el procedimiento se inició por una deducción de testimonio de otro juzgado de Granada y no por una denuncia de la expareja de Rivas, el italiano Francesco Arcuri.

También quiere que el magistrado explique por qué en la sentencia notificada de forma digital aparecen remarcadas en color "azul fuerte" algunas frases que, precisamente, no se corresponderían con la línea argumental seguida en la sentencia condenatoria, un aspecto de formato respecto al que el TSJA ha aclarado que en el texto "no hay nada tachado ni tapado ni, por supuesto, intención de hacerlo".

López ha expresado su extrañeza de que ciertos argumentos contenidos en la resolución judicial sean en varios párrafos "un corta y pega" de un trabajo del autor de diversos artículos doctrinales en materia penal, José Miguel De la Rosa Cortina, al que Píñar no cita expresamente.

Rivas ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada a cinco años de cárcel y a seis de inhabilitación para la patria potestad de sus dos hijos por permanecer en paradero desconocido el verano pasado junto a ellos para no entregárselos al padre.

El fallo, notificado el pasado viernes a las partes, la obliga a indemnizar además su expareja y padre de sus hijos condenado en 2009 por maltrato y al que volvió a denunciar en 2016, con 30.000 euros, y al pago de las costas, incluidas las de la acusación.