El presupuesto de Interior se situará este año en 8.418 millones de euros, 506 millones más que en 2017, un aumento que se debe fundamentalmente a la partida que se destinará para el inicio de la equiparación salarial de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado (FSE).

Así figura en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que hoy ha presentado en el Congreso de los Diputados el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

Un texto que recalca la voluntad del Gobierno de iniciar este año la equiparación de los sueldos de los policías nacionales y guardias civiles con los de los mossos d'Esquadra y que cifra en el 115 por ciento la tasa de reposición para las FSE, la policía autonómica y la policía local.

Debido a la partida destinada a la equiparación, el presupuesto de Interior experimenta un incremento del 6,4 por ciento hasta los 8.418 millones, de los que 6.009 millones se destinarán a seguridad ciudadana, con un alza del 8,7 por ciento respecto a 2017.

Los gastos de personal son los que absorben la mayor parte de esta partida, con el 82,5 por ciento del total.

Y el principal incremento de este área de gasto responde al cumplimiento del acuerdo de Interior con los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles para la equiparación de sueldos con los cuerpos autonómicos que desarrollen funciones similares, para la mejora de la calidad del servicio de las FSE, de sus condiciones laborales y su modernización.

Reforzar la presencia policial en las calles, afrontar las nuevas formas de delincuencia, combatir la violencia machista e incrementar la lucha contra los robos, la corrupción o la ciberdelincuencia, además de combatir el terrorismo, son los objetivos en los que quiere seguir incidiendo Interior.

Asimismo, el Gobierno quiere abordar la reforma de la legislación penal para combatir la reiteración de faltas contra las personas y contra el patrimonio y luchar contra el robo con fuerza en las cosas, especialmente los robos a joyerías, entidades bancarias y en explotaciones agrícolas y ganaderas.

Para la política penitenciaria, el presupuesto es de 1.160 millones de euros, que servirán para cumplir uno de los objetivos fundamentales en esta materia: reeducar y reinsertar a los condenados.

Otro de los proyectos en este área es la revisión en profundidad del Plan de Amortización y Creación de centros penitenciarios para ajustarlo a la nueva situación y necesidades.