El grupo popular en el Congreso de los Diputados ha registrado hoy la proposición de ley para modificar el procedimiento de autorización del cierre de instalaciones de generación eléctricas, que amplía las causas por las que puede denegarse a un propietario que lo solicite.

La proposición modifica el artículo 53 de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, al que añade un nuevo apartado por el que se podrán denegar el cierre de una central si los organismos competentes advierten que su clausura puede incidir negativamente en los precios, la competencia en el mercado eléctrico, las emisiones de gases de efecto invernadero o el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y eficiencia energética.

De acuerdo con la proposición, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será el organismo encargado de hacer los dictámenes sobre la incidencia de un cierre en los precios o la competencia en el mercado eléctrico, y la Oficina de Cambio Climático los relativos a su repercusión en las emisiones de gases de efecto invernadero.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) hará los correspondientes a su impacto en el cumplimiento de los objetivos energéticos de energías renovables y eficiencia energética.

La proposición dice que si alguno de los órganos competentes antes referidos advierte de la existencia de una incidencia desfavorable "significativa" en su respectivo ámbito de competencia, la autorización para poder cerrar la instalación será denegada.

Asimismo contempla que, en los casos en que la denegación de la autorización de cierre no obedezca al riesgo para la seguridad del suministro, se podrán establecer medidas para hacer posible que una central siga funcionando, entre las que se incluirá un procedimiento de concurrencia competitiva para transmitir la titularidad de la instalación a un nuevo propietario.

La proposición de ley del grupo popular, que ya anunció el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se presenta después de que el Ministerio de Energía elaborara un real decreto para ampliar las causas por las que denegar el cierre de una instalación de generación -circunscritas hasta ahora a la garantía de seguridad del suministro-, al que la CNMC puso numerosas objeciones en su informe.