Las empresas con vehículos de alquiler con conductor (VTC) y las plataformas intermediarias, como Uber o Cabify, ven oscuro el futuro de su actividad si el decreto aprobado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que limita estrictamente su operativa, se extiende a otras ciudades.

El Ayuntamiento de Barcelona aprobó el pasado martes un decreto que hará cumplir estrictamente la proporción legal, que no se cumple en muchas ciudades españolas, de un vehículo de alquiler con conductor (VTC) por cada treinta taxis (1/30).

En Barcelona, como en la mayoría de las ciudades, el ratio 1/30 que marca la ley se ha superado con creces. Un vacío legal que entre 2012 y 2015 provocó una lluvia de peticiones de licencias VTC, que los tribunales de Justicia han ido otorgando de forma mayoritariamente favorable.

El director para Europa de Cabify, Mariano Silveyra, ha reaccionado a la norma del AMB adivinando un "futuro oscurísimo" para los coches VTC que conecta esta plataforma con los usuarios.

Silveyra cree que imponer una segunda licencia controlada por un ayuntamiento supone que "no habrá más Cabify". Si esta normativa fuera seguida por ayuntamientos como el de Madrid, el responsable de la plataforma opina que "directamente" dejarían de existir.

Lo explica por la alta demanda de los servicios de Cabify y los escasos 100 o 200 vehículos con los que podría operar de entrar en vigor la normativa.

Añade que ningún usuario "va a estar dispuesto" a esperar más de media hora un coche de Cabify. Perdida la inmediatez, se acaba el servicio, argumenta.

El sector de las VTC ha denunciado que el decreto aprobado por el AMB aboca al desempleo a "más de 1.300 conductores y conductoras".

La patronal, Unauto VTC, envió un comunicado en el que señalaba que "en Barcelona, una vez más, gana el taxi y pierden los ciudadanos".

El presidente de la patronal, Eduardo Martín, ha comentado a Efe que no se van a quedar quietos "viendo cómo se cometen ilegalidades", y ha agregado que están "estudiando minuciosamente" con los servicios jurídicos "todas las posibilidades".

Para Martín, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "ha echado innecesariamente gasolina a las brasas de la llamada guerra del taxi".

En el lado opuesto, la Federación Española del Taxi (Fedetaxi) se ha mostrado a favor, incluso, de que este reglamento llegue a otras ciudades como Madrid.

Los taxistas creen que antes de entrar en una nueva "batalla" judicial, el reglamento aprobado en Barcelona debe propiciar que tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como Uber y Cabify "rectifiquen su política agresiva" frente a su sector.

Un reciente informe de la Autoridad Catalana de la Competencia ha estimado que esta restricción normativa para las VTC supone un sobrecoste para los usuarios del taxi del área metropolitana de Barcelona de 56 millones de euros al año y un sobreprecio de la tarifa de un 14 %.

La norma no ha sido publicada aún en el boletín provincial, aunque se espera que sea un hecho la semana entrante.