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SEGURIDAD SOCIAL (Previsión)

El Gobierno vuelve a aplazar que la mili compute para cobrar la pensión

María Vicente y Ruth del Moral

  • Agencia EFE

María Vicente y Ruth del Moral

El Gobierno ha vuelto a aplazar la elaboración de una norma que contemple que el tiempo dedicado a la mili o la prestación social sustitutoria compute como vida laboral para cobrar la pensión, una decisión que ha suscitado las críticas de los partidos políticos que exigen que se cumpla la Ley.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 vuelve a aplazar por quinto año consecutivo la elaboración de un sistema de compensación a la Seguridad Social que reconozca la interrupción de la vida laboral ocasionada por el tiempo destinado al servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria.

En concreto, suspende de nuevo la aplicación de la disposición adicional vigésima octava que incorporó la reforma de las pensiones socialista de 2011.

Este mandato establecía que el Gobierno debía presentar en el plazo de un año un proyecto de Ley para establecer un sistema de compensación a la Seguridad Social que reconociera ese periodo de tiempo que retrasó o interrumpió las carreras de cotización de esos trabajadores.

Sin embargo, el actual Gobierno aplazó su aplicación ya en los presupuestos de 2014, alegando que no estaban concluidos los estudios previos necesarios e "imprescindibles" antes de la adoptar una medida "que podría afectar de manera notable al equilibrio financiero del sistema".

Esta medida podría afectar a los hombres nacidos entre 1954 y 1983 que realizaron el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, ya que ambas se suspendieron en 2001.

A falta de datos oficiales de posibles afectados, al último reemplazo de la mili del año 2001 se presentaron algo más de 90.000 jóvenes, si bien este dato osciló cada año en función de la demografía a lo largo de los más de 200 años de servicio militar obligatorio.

Los grupos parlamentarios de la oposición han exigido al Gobierno que deje de aplazar vía Presupuestos la elaboración de la normativa que permitiría a estas personas incrementar sus años cotizados.

El portavoz de Empleo del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas, ha criticado en declaraciones a EFE que el Gobierno perjudique así a miles de ciudadanos que podrían verse beneficiados en su jubilación, sobre todo, después de que la crisis económica haya perjudicado sus cotizaciones y "muchos tengan dificultades para llegar a la pensión mínima".

El portavoz de Empleo de Ciudadanos, Sergio del Campo, ha considerado que "el Gobierno no puede incumplir durante más tiempo el mandato de una Ley".

Actualmente sí existe la posibilidad de computar el tiempo destinado a la mili o servicio sustitutorio en el caso de no alcanzar el periodo mínimo de años cotizados exigido para poder acceder a la jubilación anticipada o a la parcial.

En este sentido, el grupo parlamentario socialista ha presentado una proposición no de Ley para que las mujeres que cumplieron el servicio social femenino vinculado a la Falange Española igualen sus derechos con los hombres que hicieron la mili, al menos, a efectos de acceder a la jubilación parcial o anticipada.

El PSOE recordaba una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 2016 que considera como periodo cotizado este servicio y admite la demanda interpuesta por una mujer a la que le faltaban 19 días para sumar los 30 años de cotización necesarios para la jubilación anticipada.

La sentencia incide en que las condiciones de ese período de "trabajo activo prestado al Estado" y "excluido legalmente de cotización a la Seguridad Social" tiene una similitud patente con la mili o la prestación social sustitutoria por lo que deben considerarse días cotizados.

El servicio social femenino, obligatorio desde 1937 hasta 1978, se configuró como un "deber nacional de las mujeres españolas de 17 a 35 años" que debían desempeñarlo entre tres y seis meses en hospitales, escuelas, comedores o bibliotecas.

Las mujeres que se verían afectadas serían las que lo realizaron desde 1970, que se jubilarían este año y en los ocho siguientes.

Para la diputada de En Comú Podem Aína Vidal "es de justicia y de sentido común que el Estado prevea una compensación a la laguna de cotización" producida por periodos que han imposibilitado cotizar a hombres y mujeres.

En declaraciones a EFE, el diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha dicho que reconocer ese servicio como tiempo de cotización efectiva para la jubilación es de "justicia" para acabar con la discriminación hacia las mujeres.

También el grupo de Ciudadanos, mediante una proposición no de Ley, quiere que cuente como cotizado el periodo de cumplimiento del servicio social femenino, que actualmente constituye una discriminación por motivo de género "inaceptable en nuestro actual ordenamiento jurídico".

Por su parte, el grupo parlamentario vasco también considera que ambos periodos deben computar a efectos de cotización y que quizás al Estado le correspondería capitalizar hoy la cuantía de esos importes para equilibrar sus efectos económicos en el sistema de pensiones.

Fuentes del PNV han subrayado a EFE que la inexistencia de cotización de esos periodos supone la "omisión" del Estado de una obligación, consciente y voluntaria, y han añadido que si bien estos trabajos no estaban remunerados o lo estaban simbólicamente, no dejaban de tener trascendencia o repercusión económica e incluso laboral -como requisito en muchos casos de acceso a otras actividades también públicas-.

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