El Ministerio de Política Territorial y Función Pública se reunirá mañana con los sindicatos representativos en la mesa de la Administración General del Estado (AGE), en la que previsiblemente pactarán la oferta pública de empleo para 2018 que será aprobada el viernes 27 de julio en el Consejo de Ministros.

En la reunión, a la que asistirán representantes de CCOO, UGT, CSIF, CIG y ELA, se abordará también el régimen retributivo para el personal al servicio de la Administración General del Estado en situación de incapacidad temporal, de forma que vuelvan a percibir el cien por cien de su salario desde el primer día.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, informó la semana pasada de que el Gobierno tiene intención de aprobar la oferta pública de empleo recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Según Batet, sólo las Administraciones Públicas que cumplan con el objetivo de déficit tendrán garantizada una oferta de empleo con una tasa de reposición del cien por cien, mientras que las que no lo cumplan sólo podrán aplicar esa tasa en los servicios prioritarios y, el 75 %, en el resto.

Esta oferta de empleo incluirá el acuerdo de estabilización del personal interino, correspondiente a la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 que no habían sido convocadas.

Asimismo, el Gobierno se comprometerá con los sindicatos a aprobar en los próximos seis meses las plazas del acuerdo de estabilización que contemplan los Presupuestos de 2018, de forma que las dos convocatorias (2017 y 2018) se realizarán juntas.

CSIF reclama al Gobierno que lleve a cabo una oferta de empleo extraordinaria de 4.000 plazas, que se sume a las plazas que ahora se están negociando (8.151 de nuevo ingreso, 2.863 de estabilización de plazas interinas y cerca de 6.000 de promoción interna).

CCOO cifra en 8.000 las plazas de nuevo ingreso al aplicar la tasa de reposición, en tanto que reclama otras 400 por el incremento del 5 % del número de efectivos en algunos sectores que recogía el II acuerdo que firmaron Gobierno y sindicatos.

Según datos de UGT, la plantilla de la AGE ha sufrido un descenso neto del 15 % de sus efectivos y, como consecuencia de la falta de reposición, un envejecimiento que hace que dos de cada tres trabajadores supere los 50 años.