Los accionistas y tenedores de deuda del Banco Popular han recibido hoy "decepcionados, pero no sorprendidos", la decisión preliminar de la Junta Única de Resolución (JUR) de no compensar a los afectados por la amortización, y apuntan a la vía civil como la más factible para lograr un resarcimiento.

Si bien ha habilitado hasta el próximo 14 de septiembre para que los perjudicados puedan remitir su opinión, las plataformas de consumidores y despachos de abogados consultados por Efe desconfían de un cambio de criterio del organismo pues sería "reconocer que no tomó la decisión correcta cuando resolvió el banco".

Según Patricia Suárez, presidenta de Asufin, agrupación personada en la causa penal que instruye la Audiencia Nacional, con este plazo "la JUR está lavando su imagen" aunque "ya sabemos que no devolverá el dinero".

Una circunstancia que aboca a los clientes a interponer demandas, tal como suscribe el letrado de Espacio Legal, Marcelino Tamargo.

Para el abogado Felipe Izquierdo, presente en ambas jurisdicciones, no ha habido "ninguna sorpresa" pues el organismo que preside Elke König "no se iba a tirar piedras sobre su propio tejado", si bien critica que "a estas alturas se diga que las cuentas del Popular no estaban maquilladas".

Palabras que remiten al criterio de la Fiscalía de Barcelona, la primera en defender la competencia de la justicia nacional en las demandas por la última ampliación de capital de la entidad al valorar que "se proporcionaron datos sobre su estado que no se correspondían con el real".

Pero también de juzgados de Primera Instancia como el de Oviedo, que en marzo anuló una compra de acciones de esta operación dada la "notable diferencia" entre la situación patrimonial y financiera del banco, que condujo a que fuera resuelto el 7 de junio de 2017, y la expresada en el folleto "donde se erigía como el más rentable del mercado español".

La JUR acordaba esta mañana su decisión preliminar tomando de base el "informe de valoración 3" de Deloitte, que revela que los inversores hubiesen perdido más en un proceso de insolvencia al uso, por lo que considera que no existe trato de favor que motivara compensación alguna.

En virtud de los datos, la consultora calcula que las pérdidas para los acreedores habrían sido en el mejor de los casos de 23.400 millones de euros y en el peor de 34.100 millones, frente a los 11.400 millones que perdieron con la resolución.

Asimismo, la insolvencia ordinaria habría generado unas pérdidas de entre 1.800 y 2.200 millones de euros para el Fondo de Garantía de Depósitos, que habrían tenido que utilizarse para proteger los depósitos de menos de 100.000 euros de la entidad.

En opinión del socio-director del despacho Quinn Emanuel, Richard East, que representa a Pimco, Anchorage, Algebris y otros grandes fondos que en conjunto perdieron 850 millones, estas conclusiones "no son realistas", y duda tanto de la independencia del análisis como de la credibilidad de un informe "que permite a Deloitte revisar su propio trabajo".

El socio de Cremades y Calvo Sotelo Alberto Ruiz Ojeda, que reclama el acceso a la totalidad de la información para garantizar el derecho a la defensa, también discrepa y carga contra el hipotético daño que habría ocasionado la declaración de insolvencia en tanto que "el concurso, según la ley española, no equivale a una liquidación automática".

Con todo, la decisión final de la JUR sólo se adoptará una vez que los afectados que así lo deseen hayan expresado su opinión a la vista del texto.

Para ello, pueden registrarse desde hoy y hasta el 14 de septiembre, y después el organismo abrirá una segunda fase únicamente con los elegibles para pronunciarse, que podrán hacerlo a través de una plataforma electrónica.