El pleno del Congreso ha aprobado hoy, por unanimidad, que se tramite como proyecto de ley el real decreto de propiedad intelectual aprobado por el Gobierno para trasponer al ordenamiento jurídico español dos directivas europeas con las que se pretende "reforzar el control" a las entidades de gestión.

Aunque el real decreto ley, que se debatía hoy para su convalidación, había sido aprobado por el pleno, con 148 votos del PP y la abstención -191 votos- del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, el pleno acordó a continuación, con 344 votos, que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, para incluir así la posibilidad de enmiendas a su articulado.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado en el debate de convalidación que su intención es "dotar del mejor marco jurídico" a los creadores.

"Nuestro compromiso es con la defensa del talento artístico español", ha asegurado Méndez de Vigo sobre el contenido del real decreto, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 13 de abril.

La Comisión Europea inició el pasado 6 de diciembre un procedimiento por incumplimiento contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE que podría desembocar en una condena o una sanción económica de hasta 123.928 euros diarios a partir de la fecha de la sentencia, según el ministro.

El PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han considerado, según han explicado en el debate sus portavoces, que la regulación era imprescindible para evitar la sanción monetaria de Bruselas, aunque debería haber llegado mucho antes, cuando vencía el plazo para la trasposición, el 30 de abril de 2016.

No se pudo transponer entonces, les ha recordado Méndez de Vigo, debido a que el Gobierno estaba en funciones.

El real decreto ley contempla el refuerzo del control a entidades de gestión como la SGAE, aunque la regulación es "más estricta de lo exigido por la Directiva" para entidades con recaudación superior a 100 millones de euros, como es el caso de la SGAE.

Las entidades de gestión de derechos como la SGAE deberán incorporar un órgano de control interno, integrado por personas ajenas a la entidad, que vigilará la ejecución de su presupuesto y el reparto de la recaudación a los socios, según el real decreto ley.

Las entidades de recaudación superior a los 100 millones de euros tendrán un plazo de tres meses -un año, en el caso de las de menor recaudación- desde la aprobación del real decreto ley para remitir al ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para su aprobación, las modificaciones de sus estatutos.

Así, se regula la figura del operador de gestión independiente, que operaban de facto en España, pero no había sido regulada, y se les somete a la supervisión de las administraciones públicas.

Se introducen licencias multiterritoriales sobre obras musicales "para acabar así con las dificultades a las que se enfrentan" los proveedores de servicios de música en línea cuando desean adquirir licencias para repertorios agregados para el territorio de varios Estados miembros.

En la elaboración del texto, ha recordado Méndez de Vigo, han participado desde entidades de gestión a usuarios, la ONCE y cinco ministerios -Economía, Energía, Justicia, Sanidad y Hacienda-, entre otros.