El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha pedido a la Sociedad General de Autores y Editores conocer "cómo tratará" el futuro de los representantes de las discográficas Warner, EMI Songs España S.L Y Peer Music Española S.L, expulsados de su Junta Directiva en diciembre de 2017.

Según han informado hoy a Efe fuentes ministeriales, el pasado viernes se envió a la SGAE un requerimiento en el que se le pregunta a la entidad de gestión "cómo piensan tratar la readmisión o el mantenimiento de expulsión" de los representantes de las tres discográficas, cesados el pasado 21 de diciembre de 2017.

"Queremos saber si se les va a readmitir o se les va mantener la expulsión. Estamos muy encima de todos esos pasos y solicitando esa información es el método que tenemos para controlar lo que pasa en la entidad", han añadido sobre el contenido de este requerimiento cuyo plazo expira en diez días hábiles a contar desde el viernes pasado.

De no cumplir con esta petición, la SGAE se enfrentaría a un expediente sancionador.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) cesó de su Junta Directiva a Juan Ignacio Alonso de la entidad EMI Songs España S.L., Santiago Menéndez Pidal de Ediciones Warner Bross S.A. y Rafael Aguilar de Peer Music Española S.L., en cumplimiento de una sentencia emitida por un juzgado de Madrid.

Según informó la SGAE tras este cese, la medida se hizo efectiva en virtud del fallo dictado el pasado 11 de octubre por el Juzgado de Primera Instancia número 17 de Madrid.

"Esta sentencia resolvía la demanda interpuesta en su día por tres editoras independientes contra la decisión de la comisión electoral de la Sgae de proclamar como candidatas a las editoras multinacionales antes indicadas en las elecciones celebradas en la entidad en febrero de 2015", añadieron.

La resolución establecía que estas entidades, "amparándose en el texto de la norma estatutaria", han formado parte desde 2001 de su Junta directiva, y Emi desde 2007, vulnerando así la causa de "inelegibilidad" establecida en sus estatutos, que considera como tal haber estado durante dos mandatos consecutivos previos en el cargo.

Esta forma de actuar fue calificada por el juez de "abuso de derecho y fraude de ley".

Y, según matizó la SGAE, había suscitado "desde hace muchos años enorme polémica en la entidad dada la discriminación que ello suponía para el colectivo autoral de la misma, cuyos miembros, a diferencia de las referidas compañías mercantiles, no podían presentarse en las elecciones a los órganos de gobierno una vez transcurridos más de dos mandatos consecutivos".