Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al término de la reunión de seguimiento del Comité de Crisis, que se ha celebrado esta tarde en Barcelona.

En la reunión extraordinaria del gabinete ministerial también se estudiará un informe sobre los ataques al sector turístico, han avanzado fuentes de Moncloa.

De la Serna ha presidido esta tarde en la delegación del Gobierno en Cataluña la comisión de seguimiento de la huelga indefinida de los trabajadores de Eulen del aeropuerto de El Prat, en la que han participado, entre otros, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull.

También han asistido el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente de AENA, José Manuel Vargas, y mandos de la Guardia Civil, encargada de reforzar la seguridad en los controles en el aeropuerto.

En rueda de prensa una vez finalizada la reunión, el titular de Fomento ha anunciado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le ha trasladado su voluntad de convocar esta reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, al tiempo que el Ejecutivo acelera los trámites con informes técnicos y jurídicos para llevar a cabo el arbitraje en este conflicto y la aplicación del laudo.

El ministro ha explicado, en cuanto a los plazos, que el primer paso es la designación de un arbitro "independiente" y de "prestigio" que deben consensuar empresa y trabajadores, figura que debe elaborar una propuesta "vinculante", que será de obligado cumplimiento para las dos partes. No hay un plazo legal concreto para presentar la propuesta.

De la Serna ha destacado que el dispositivo de la guardia civil para reforzar los controles de seguridad ha permitido que el aeropuerto de Barcelona "recobre la normalidad", por lo que no ve necesario acudir con una anticipación "importante", y ha agregado que este despliegue se ha hecho con un "escrupuloso respeto" al derecho de huelga de los trabajadores.

En este sentido, el titular de Fomento ha negado que se hayan producido presiones por parte de la Guardia Civil, como han denunciado algunos trabajadores.