Estos informes demuestran la relación existente entre la inyección de gas en el subsuelo marino y los centenares de terremotos que alertaron al Baix Maestrat.

Eso si, el desmantelamiento tendrá que esperar ya que se considera que extraer el gas tiene un elevado riesgo de que se produzcan nuevos movimientos sísmicos.

Además, también se considera que los informes previos a la construcción del almacen de gas frente a la costa de Vinaròs no fueron lo suficientemente exhaustivos.

El Castor fue proyectado por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo ministro de Industria Miguel Sebastián y con el beneplácito del ejecutivo autonómico catalán presidido por el socialista José Montilla. Una vez iniciados los movimientos sísmicos el 2012, fue el ejecutivo de Mariano Rajoy el que ordenó la paralización de la actividad; lo que provocó tras un fallo del Tribunal Supremo el pago de una indemnización de 1.400 millones de euros a Escal UGS, empresa participada mayoritariamente por la sociedad ACS, propiedad de Florentino Pérez. Actualmente hay un proceso judicial abierto en el que están siendo investigadas 18 personas. Entre ellas, altos cargos del gobierno de Zapatero.