Caty Arévalo

El comité de sabios creado por el Gobierno para asesorar la estrategia española de energía en la próxima década ya ha puesto sobre la mesa las claves para cumplir los objetivos climáticos: apuesta decidida por las renovables y un nuevo impuesto al CO2, que sustituiría los sobrecostes en el recibo de la luz.

El documento, al que ha tenido acceso EFE, es fruto de ocho meses de trabajos de 14 expertos designados por el Gobierno a mandato del Parlamento, que lo han aprobado con 11 votos a favor (de los 3 representantes del Gobierno y los de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, CEOE y UGT) y 3 abstenciones de los nombrados por ERC, Podemos y CCOO.

En el texto, de cerca de 500 páginas que se presenta mañana al Ministro de Energía, el grupo de sabios plantea al Ejecutivo los escenarios viables para que España cumpla sus compromisos climáticos a 2030: reducción de emisiones del 26% respecto a 2005 en sectores no industriales, un 27% de energía final consumida de fuentes renovables y un 30% de ahorro energético.

Los expertos consideran que para alcanzar ese objetivo es necesaria una reforma de la fiscalidad energética, sustituyendo los impuestos actuales por otros que interioricen los costes ambientales, y cuya recaudación financie sobrecostes que actualmente soporta el consumidor.

De este modo, plantean crear un impuesto al CO2 para todos los consumos energéticos finales (no sólo para las instalaciones industriales) y otro para tres de los contaminantes atmosféricos más dañinos: los óxidos de nitrógeno (NOx), las partículas (PM) y los óxidos de azufre (SOx).

El precio del CO2 debe fijarlo el Gobierno, aunque los expertos recomiendan valores entre los 15 y 30 euros por tonelada emitida, de los cuales la industria ya sometida al comercio europeo de derechos de emisión sólo pagaría la diferencia para llegar a la cifra fijada en España respecto a Europa (donde actualmente se paga 12 euros por tonelada), al igual que ocurre en Reino Unido.

Asimismo proponen eliminar del recibo de la luz todos los sobrecostes incluidos en los peajes actuales (deuda acumulada por el déficit de tarifa o las antiguas primas a las renovables), y la supresión de dos impuestos, el de la generación eléctrica (7%) y el de la electricidad finalista (en torno a un 4,5%).

Esos sobrecostes se pagarían vía Presupuestos Generales, con los ingresos recaudados por los nuevos impuestos ambientales.

La reordenación fiscal y de los peajes beneficiará el autoconsumo porque se suprime el llamado impuesto al sol y en la mayoría de los escenarios abarataría la factura, si bien los nuevos impuestos ambientales se acompañan de una subida de los del gasóleo y la gasolina, que aumentarían un 29 y en un 2% respectivamente.

Otra recomendación clave es que España debe avanzar en renovables tan lejos como técnicamente sea viable hasta 2030, dejando claro que la fotovoltaica será la tecnología de la próxima década.

Su escenario energético base para 2030 propone un 62% de generación renovable para electricidad: 10% hidráulica, 20% eólica (31.000 megavatios instalados, mw), 27% fotovoltaica (47.150 mw), 1% termosolar y 4% otras renovables.

Ese 62% abastecería un 69% de la demanda eléctrica, lo que implica que España se convertiría en exportador de energía a Francia y Portugal, pudiendo abastecer, en este último caso, hasta el 7% de su demanda con energía limpia.

Este 62% de generación equivale a un 29,7% de energía final total consumida de fuentes renovables, dado el relevante peso que tiene el consumo de petróleo y sus derivados en la factura energética final de un país muy dependiente de los fósiles en el transporte, los usos residenciales y la industria.

Un 29,7% que situaría a España por encima del 27% del objetivo que marca la UE pero por debajo del 35% que está planteando el Parlamento Europeo, cuya consecución, de acordarse, requeriría de mayores esfuerzos en electrificación del transporte y la edificación.

Ante las incertidumbres asociadas al desarrollo de las tecnologías de aquí a 2030, sobre todo en almacenamiento renovable, los expertos dejan en manos del Parlamento y del Gobierno decidir qué energía, si nuclear o gas o una combinación de ambas, garantizará un respaldo firme que asegure el suministro y la estabilidad el sistema eléctrico en caso de menos sol o viento.

Su escenario base no contempla el carbón en 2030, al considerarlo inviable con los precios de CO2 esperados.

Advierten de que cerrar las nucleares conforme vayan cumpliendo los 40 años, a partir de 2023, incrementaría el coste de generación entre 2.000 y 3.200 millones anuales según el escenario, y las emisiones contaminantes aumentarían por el mayor uso de gas.

Manteniendo las nucleares en 2030, el 76% de generación eléctrica sería libre de emisiones, pero seguiría haciendo falta un 11% de generación por ciclo combinado y un 12% de cogeneración.

Los expertos también proponen sustituir los actuales pagos por capacidad regulados (aproximadamente 1.000 millones anuales para que los ciclos combinados estén disponibles) por un mecanismo de subastas de capacidad.

Reconocen, también, que la transición es un reto "colosal" y que habrá perdedores (fundamentalmente el sector petrolero, el del carbón y las zonas con centrales nucleares), por eso dedican uno de sus 8 capítulos a plantear propuestas para una transición justa, destacando que la descarbonización es una oportunidad para la creación de empleo.

Sus escenarios parten de hipótesis conservadoras, en las que no se tienen en cuenta cambios de comportamiento, se contempla un PIB medio del 2% en la próxima década, una penetración modesta del vehículo eléctrico (2,4 millones en 2030, un 10% del total) y de las bombas de calor (1,2 millones en 2030).

Los autores concluyen que su trabajo supone una base económica y técnicamente viable para que el Parlamento consensúe el primer Plan de Energía y Clima (2021-2030) de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y sitúe a España en la senda hacia una economía libre de emisiones en 2050.