El Consejo de Ministros ha acordado hoy una modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, en transposición de una directiva europea, con el fin de aumentar las exigencias de los estudios de impacto ambiental de los proyectos, así como su carácter preventivo frente a incidencias futuras.

La modificación se ha aprobado en el marco de un proyecto de ley que también ha modificado dos puntos concretos de otras dos leyes ambientales, la de Montes y la que regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

De este modo, la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental incorpora el mandato de que los técnicos que hacen los estudios de impacto ambiental tomen en consideración la vulnerabilidad de los proyectos ante el riesgo de accidentes graves o catástrofes, como inundaciones, subida del nivel del mar o terremotos, entre otros.

Además, se incorpora la obligación de que las evaluaciones de impacto ambiental integren las exigencias ambientales recogidas en otras leyes relacionadas (biodiversidad, aguas, emisiones industriales o residuos).

Por otro lado, la modificación de esta norma potencia la calidad de la información y la participación pública en los procedimientos de evaluación ambiental, priorizando la utilización de medios electrónicos, para poder garantizar así la participación efectiva de todas las personas interesadas en el procedimiento.

Esta modificación normativa supone la completa trasposición al ordenamiento jurídico español de la directiva europea sobre evaluación de impacto ambiental, aprobada en 2014, informa el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama).

En el caso de la modificación de la Ley de Montes, el Mapama informa que pretende regular los caminos naturales, de conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional que estima parcialmente un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Andalucía.

La sentencia dio la razón al Gobierno andaluz en varias prerrogativas planteadas a la Ley de Montes que permitían al Ejecutivo central crear una Red Nacional de Caminos Naturales, algo que el alto tribunal consideró que invadía competencias de las comunidades autónomas.

Andalucía cuenta con casi 25.000 kilómetros de cañadas, cordeles y veredas gestionadas por la Junta y entendía que el Gobierno podía "intervenir" en ellas sin contar con su participación.

Además, se modifica la Ley por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para definir, con mayor precisión, las especialidades del régimen sancionador previsto en dicha norma.