España triplica la media europea de expedientes abiertos por infracciones en relación al medio ambiente, lo que le convierte en el país "más incumplidor" de la legislación comunitaria en esta materia.

Así se desprende de un informe elaborado por SEO/BirdLife sobre Gobernanza Ambiental en España, que analiza una serie de indicadores para evaluar de forma periódica la acción de las administraciones e instituciones españolas en la defensa del medio ambiente.

Según el estudio, la situación es "claramente desfavorable" en cuestiones como la actividad parlamentaria, donde la presencia del medio ambiente supone el 0,44 por ciento, o en fiscalidad ambiental, donde España tiene el porcentaje "más bajo" de la Unión Europea.

Además, en 2017, según datos de la Comisión Europea, España acumulaba el 9,2 por ciento del total de casos abiertos por infracciones sobre el medio ambiente -el mayor porcentaje de la UE- y en materia de conflictividad constitucional el número de conflictos se duplicaron en la última legislatura.

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha señalado que "la gobernanza ambiental en su sentido más general no está funcionando" en un momento en que "los retos ambientales van a ser decisivos para los avances sociales".

En su opinión, "por muy bien que quieran trabajar los técnicos y por mucho que se quiera implicar la sociedad, estos indicadores reflejan que poco vamos a avanzar" si no mejora la gobernanza.

Con la creación del nuevo Ministerio para la Transición Ecológica "hay señales" de que las cosas pueden cambiar, ha subrayado, aunque el "reto de fondo es cambiar la cultura de país y tomarse en serio la gobernanza", ha matizado David Howell, responsable de Cambio Climático y Energía de SEO/BirdLife.

Asunción Ruiz ha señalado que la cantidad de expedientes de infracción abiertos por incumplimiento "denota la falta de voluntad política" para arreglar las cosas; "se habla mucho de gobernanza ambiental pero no se le está haciendo ni caso".

Howell ha recordado que "la gobernanza en sí implica atender los derechos e inquietudes de los ciudadanos e incorporarlos a la actividad parlamentaria y jurídica", y este informe pone de manifiesto "los constantes fallos de las administraciones públicas, que no perciben la calidad ambiental como indicador del bienestar social".

Por su parte, Cristina Álvarez, asesora jurídica de SEO/BirdLife y coautora del informe, ha denunciado el "juego político" que está detrás del marco ambiental y que favorece que el nivel de conflictividad en esta materia se sitúe en el 18 por ciento.

La solución "relativamente sencilla" pasa por crear una comisión parlamentaria de medio ambiente, ha explicado Álvarez, quien ha aplaudido la entrada de Equo en el arco parlamentario, que "ha duplicado las intervenciones sobre medio ambiente".

"Los temas ambientales generan mucha política, pero esto crea mucha inseguridad jurídica", ha insistido Asunción Ruiz, quien ha reclamado "hacer política ambiental con mayúsculas".