El pasado 15 de septiembre de 2017 un bloque de 144 nichos del cementerio se hundió y según los abogados que representan a 50 afectados,solo se avisó a unos pocos familiares que constatarón que se estaba actuando con retroexcavadoras y se estaban removiendo la zona sin ningún antropólogo presente.

Después de 9 meses de los hechos, los afectados describen como pobres las explicaciones recibidas por el Ayuntamiento de los hechos y una cincuentena de afectados han presentado esta mañana una querella  en los juzgados de Barcelona por presuntos delitos de profanación de cadáver,daños,prevaricación,malversación y falsedad documental.

Núria Miñana,representante de los afectados describe" no sabemos dónde están nuestros familiares, nos ha reabierto el luto porque desconocemos si el futuro conocemos donde están".

Los abogados de los familiares consideran que hubo profanación por el atentado a la dignidad de los difuntos al revolver la zona con retroexcavadoras,lo que provocó una dificultad extrema para identificar los cuerpos y han concretado que en un caso se citó a un familiar  para la prueba del ADN.Los letrados afirman que los cuerpos están repartidos entre nichos provisionales y en bolsas o sudarios almacenados,pero desconocen si se han podido recuperar en su totalidad y han criticado que el Ayuntamiento de Barcelona haya tratado de llegar a pactos con las familias para evitar las acciones judiciales que finalmente los afectados han presentado.

La querella va dirigida contra el presidente de Cementiris de Barcelona y concejal de Presidencia, Eloi Badia, el gerente de Cementiris Jordi Valmañan y la antropóloga que dirigido la exhumación Dominika Nociarová, en nombre de 20 propietarios de los nichos.