Se les imputa también delitos de Usurpación, Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales. Y es que al parecer a las personas que contrataban les mantenían en situaciones de semiesclavitud. Además, tras abandonar España por las condiciones precarias de trabajo, usaban sus documentaciones para otros ilícitos.

La investigación tiene su inicio a raíz de la denuncia de tres víctimas al haberle reclamado la Agencia Tributaria el pago de cuantías y presentaciones por importes de 102.200 €, sin que la víctima hubiera mantenido ninguna relación comercial, mercantil ni personal con las mismas.

Tras las investigaciones se determina varios “modus operandi”: El Autor de los hechos, se dedicaba a la captación, de personas de Nacionalidad Rumana, prometiendo trabajo estable en la empresa que posee y ofertándoles también documentación española. Una vez que éstos llegaban en España los contratos tenían un caracter eran precarios. Tras trabajar una temporada en pésimas condiciones, abandonaban. Era entonces cuando la persona Investigada continuaba haciendo uso de las documentaciones de las personas afectadas para realizar otros ilícitos.

No se descartan nuevas actuaciones, debido a la participación posterior de varias Entidades como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social Administración Regional por los hechos que se han desarrollado en la misma, así como la participación de las Autoridades Rumanas a requerimiento de la Unidad Instructora.