Por ejemplo, en 1998 el juez de la Audiencia Nacional española ordenó el ingreso en prisión y extradición del senador chileno Augusto Pinochet, antiguo dictador, aprovechando una visita de este a Reino Unido para un tratamiento médico? Se armó entonces un gran jaleó diplomático. La justicia chilena defendía y que si había que juzgar algo debía ser Chile, pero la pelota estaba en el tejado de la justicia británica, que dictó prisión provisional pero se resistía a entregarlo.

Al final Pinochet regresó a Chile y aunque fue procesado moriría sin escuchar ningún tipo de sentencia.

Baltasar Garzón también ordenaría la extradición a España de más de 300 ex militares argentinos por los crímenes de la dictadura de ese país. Entre ellos primeros espadas de aquel régimen como Videla, Massera, Menéndez o Astiz. Tampoco entonces logró su objetivo, de lo que el juez estrella culpó entonces al poco interés del Consejo de Ministros de entonces para respaldar sus propósitos. Tampoco la propia fiscalía general de la Audiencia española que encabezaba Eduardo Fungairiño compartía aquel planteamiento. No obstante en esta ocasión la justicia argentina si llevó a cabo juicio contra aquellos militares, muchos de los cuáles serían condenados en Argentina a largas prensa de prisión.

Alemania también vivió situaciones complicadas. El ex dictador comunista Erich Honecker, considerado el máximo responsable del Muro de Berlín se refugió en la embajada chilena para evitar su detención y permaneció cerca un año protegido por el Gobierno chileno.

Al final Honecker sólo abandonaría el lugar y se entregaría a la justicia alemana cuando ya su estado de salud hacía presagiar su inminente final y, aunque llegaría a ser procesado, también moriría sin escuchar una sentencia de culpabilidad.

El ex primer ministro socialista de Italia, Bettino Craxi, huyó de su país para evitar ser detenido por corrupción y se refugió en Túnez. Los responsables de este país optaron por protegerle sin atender a la petición de jueces italianos y Craxi murió sin ser juzgado por los delitos de los que se le acusaba.

El más triste ejemplo de poca colaboración judicial siguió siendo el terrorismo en los años setenta y principios de los ochenta, cuanto mientras ETA sembraba de cadáveres las calles en España, el Gobierno francés encabezado por figuras como Valery GIscard D'Estaing o Pierre Mauroy permitían con los terroristas camparan a sus anchas en suelo galo como si fuera su santuario.

La llegada de Jacques Chirac al cargo de primer ministro en 1986 supondría el inicio de un cambio en esta postura que, a la larga ha sido fundamental en la derrota terrorista.

El caso de Carles Puigdemont y su consejeros no puede ser homologable con ninguno de los anteriores, pero sí ha vuelto a hacer que ciudadanos se cuestionen si la colaboración entre Estados en temas judiciales fluye de la mejor manera posible.