Los registros se producen una semana después del llevado a cabo en la sede de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) en el marco de la trama del 3%. El pasado miércoles la Guardia Civil detenía a 11 personas, entre ellas Andreu Viloca, tesorero de Convergència o a seis empresarios relacionados con empresas de construcción. La Guardía Civil irrumpía en la sede en busca de pruebas del pago de comisiones del 3% a esta entidad por parte de empresas cambio de adjudicaciones públicas. La tercera fase de la operación bautizada como Petrum III era ordenada por el juez de Instrucción Número 1 de El Vendrell de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.La fiscalía imputaba a Viloca un total de 6 delitos, entre los que se encuentran el de cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales.Tras examinar el juez adjudicaciones de Ayuntamientos convergentes a firmas donantes a la fundación CatDem, ligada a CDC; ahora pone el foco en obras que la Generalitat otorgó a constructoras catalanas durante los Gobiernos de Artur Mas de 2010 a 2015.Además de tesorero de CDC, Andreu Viloca  lo es también de las dos fundaciones afines al partido (CatDem y Fundació Fòrum Barcelona) que recibieron más de 10 millones de euros de empresas adjudicatarias de obra pública. Los investigadores sospechan que ese dinero fue a parar, en realidad, a las arcas del partido nacionalista a cambio de favorecerlas en licitaciones de Ayuntamientos controlados por CDC y por la Generalitat. En las investigaciones, la Guardia Civil ha comprobado cómo en algunos casos, los importes donados por las empresas coinciden exactamente con el 3% del monto total de la adjudicaciones.