El Estatuto aragonés, ha explicado el consejero riojano de Medio Ambiente, Iñigo Nagore, fue impugnado por el Gobierno de La Rioja ante el Tribunal Constitucional “al considerar que su contenido era contrario a los legítimos derechos de los riojanos”. La sentencia 110/2011 de 22 de junio declaraba que “esta disposición no sería inconstitucional siempre que se interprete que no establece una reserva sobre el caudal hídrico del Ebro que obligue al Estado”. Sin embargo, según Nagore, la Ley de Aguas y Ríos de Aragón “no es respetuosa” con la sentencia del Tribunal Constitucional, ya que la reserva “es contraria al sistema de reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas”. Íñigo Nagore ha insistido en que el Gobierno de La Rioja “ha defendido y defenderá la unidad de cuenca por encima de intereses particulares”. Con la aprobación de la ley en estos términos, el Gobierno de Aragón “no sólo desoye la doctrina del Tribunal Constitucional que permitió que en su día se salvara la inconstitucionalidad, sino que invade competencias de otra comunidad autónoma”, ha advertido el consejero de Agricultura y Medio Ambiente.