Con la intervención de la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría en la Comisión Constitucional del Congreso se ha dado el pistoletazo de salida a la posibilidad de una reforma pactada de nuestra Carta Magna. Es una muestra más de la voluntad de acuerdo expresada por Rajoy, que parece marcar los inicios de la legislatura. El PP no incluyó esta reforma en su programa electoral al no considerarla prioritaria, pero la nueva coyuntura política apunta una posibilidad de llevarla a cabo a partir del consenso con los grandes partidos del arco constitucional, sin el condicionamiento de los nacionalistas.Pero no conviene ser ingenuos. Se trata de fortalecer y mejorar nuestro actual sistema de convivencia, no de dilapidar sus frutos ni menguar la base social que lo apoya. La actitud rupturista de Podemos augura momentos difíciles, y por otra parte, la crisis de identidad y liderazgo del PSOE abre un gran interrogante sobre el rumbo de esa reforma.Después de cuarenta años en los que el modelo cívico de la Constitución ha mostrado sus virtudes y ha hecho posible el progeso material y social de España, no es mala cosa afinar y mejorar algunos aspectos de nuestra Carta magna. Uno de los objetivos clave de esa reforma debería ser la articulación definitiva del Estado autonómico frente a las pretensiones secesionistas, pero la indefinición socialista al respecto no permite ahora mismo ser optimistas.