Uno de los detenidos en la operación contra la trama empresarial que defraudó cantidades millonarias de un contrato suscrito con el gobierno de Angola para suministrar a este país material policial es Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa, relacionado con los conocidos "papeles de Laos".  Así lo han señalado a Efe fuentes cercanas al caso, que han señalado que la detenida pertenece a un bufete de abogados de Luxemburgo, que creó la estructura financiera para blanquear los fondos desviados del contrato a través de paraísos fiscales. Precisamente, su tío, que según publicó en su día el diario "El Mundo" fue localizado hace casi diez años en Luxemburgo, ya hizo negocios fraudulentos de tráfico de armas con ese país africano.     En colaboración con la policía de Luxemburgo, la operación, denominada "Angora" y una de es las primeras contra la corrupción internacional, es fruto de una investigación iniciada en 2013 después de que las autoridades judiciales de Luxemburgo comunicaran la llegada de decenas de millones de euros desde cuentas bancarias españolas sin justificación aparente. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según ha informado en una nota el instituto armado, tiró del hilo y averiguó que esos fondos tenían su origen en un contrato entre una Unión Temporal de Empresas (UTE) española y el gobierno de Angola para la entrega de material policial a ese país. Por ese contrato, el gobierno angoleño habría abonado unos 152 millones de euros, aunque no recibió el material correspondiente a esa cantidad. Según el resultado de las pesquisas, el contrato habría servido como pantalla para desviar una gran parte del importe del mismo, principalmente a través de Luxemburgo, en beneficio de los participantes de la UTE y de responsables de la adjudicación del contrato en Angola.     El desvío millonario de fondos fue posible gracias a la colaboración del despacho de abogados de Luxemburgo en el que trabaja la sobrina de Paesa, supuesta responsable también de la creación de una estructura financiera para blanquear los fondos desviados. Para ello, utilizaban paraísos fiscales como Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caimán, Nueva Zelanda, Gibraltar, Madeira y Luxemburgo. Dada la sofisticada estructura creada por la organización para el desvío y blanqueo de esas millonarias cantidades, se creó un grupo permanente para el intercambio de información entre la Policía del Gran Ducado de Luxemburgo y la unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada.     Los agentes han llevado a cabo 16 registros, trece de ellos en España, dos en Luxemburgo y uno en Portugal tanto en los domicilios de los implicados como en entidades bancarias y en sedes de las empresas de la UTE, una de ellas, según las fuentes cercanas al caso, participada por la Sepi, aunque esta entidad no está relacionada con el fraude. En los registros se han intervenido 116.000 euros cerca de 200 libras y más de 16.000 dólares, así como ordenadores y abundante documentación de interés para la investigación, tanto en soporte papel como informático.  Además, se han bloqueado numerosas cuentas bancarias, inmuebles y vehículos.     De los diez detenidos, nueve han sido arrestados en España, mientras que Beatriz García Paesa lo ha sido en Luxemburgo. Todos ellos acusados de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales, cohecho, delitos fiscales y organización criminal.     La operación ha sido realizada simultáneamente en España, Luxemburgo y Portugal bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y la coordinación Fiscalía Especial contra la Corrupción.