El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado hoy que "España no está corrompida" pese al goteo de casos ante los que ha planteado nuevas medidas como la extinción de los partidos que no cumplan con una serie de normas que certifiquen su transparencia. Rajoy ha expuesto ante el pleno del Congreso una batería de iniciativas contra la corrupción en una comparecencia prevista desde hace dos semanas y que se ha celebrado un día después de la dimisión como ministra de Sanidad de Ana Mato, que no ha asistido a la sesión y a la que no ha citado en ningún momento en su discurso. El jefe del Ejecutivo ha reconocido que el goteo de casos de corrupción crea un clima que a ratos "se hace irrespirable" y ha dicho entender y compartir la indignación de los españoles ante todos ellos, incluidos los que afectan al PP y por los que ha recordado que ha pedido perdón. Ha precisado que si afloran esos casos es porque se están combatiendo y porque las instituciones funcionan. "Sé -ha añadido- que todo lo que sale a la luz habla más del pasado que del presente". Asimismo, ha considerado que buena parte de la impresión creada responde a la larga duración de los procesos, pero ha reconocido que lo que importa es que "la corrupción es un hecho y los ciudadanos están hartos". Pero ha advertido: "No hemos venido a luchar contra el fantasma de la corrupción generalizada porque no existe. Me importa mucho la injusticia y no puedo aceptar que se extienda la sospecha de corrupción a todos los políticos". "Si hemos de generalizar, será para sostener, con orgullo, que la mayoría de nuestros representantes públicos son personas decentes", ha explicado Rajoy, quien ha sentenciado: "¡España no está corrompida! España tiene algunos corruptos que, afortunadamente, estamos sacando a la luz. El resto está sano". En el desarrollo de esa reflexión ha avisado de que se comienza generalizando la corrupción, se culpa a los políticos, se sigue con la propia política y se acaba señalando al sistema. "A partir de ahí no queda espacio más que para los salvapatrias de las escobas, cuyo único programa político consiste en barrer, con las consecuencias de todos conocidas", ha advertido Rajoy, en cuya opinión la lucha contra la corrupción no debe ser una coartada para desestabilizar las instituciones. Rajoy ha recordado la serie de medidas contra la corrupción que se han ido aprobando durante la legislatura, entre ellas la ley de Transparencia, y ha pasado a enumerar las nuevas iniciativas que plantea. En el proyecto de ley de control de la actividad económica y financiera de los partidos, se incluirá la obligación de que todos incluyan necesariamente un plazo máximo de cuatro años para la renovación de sus órganos de dirección. En ese proceso, deberán asegurar que participen sus militantes mediante congresos, asambleas u otras formas de participación siempre que sean democráticas. Los estatutos deberán especificar el órgano que ejercerá de defensor de los derechos de los militantes, así como el procedimiento de expulsión de sus miembros condenados por la comisión de cualquier delito doloso y la suspensión automática de militancia si se abre juicio oral por delitos relacionados con la corrupción que comporten pena de inhabilitación. En materia de financiación, los particulares no podrán hacer donaciones por encima de 50.000 euros y toda donación superior a 25.000 se deberá notificar al Tribunal de Cuentas y publicarse en su pagina web con identificación del donante. Si los partidos (que Rajoy ha recordado que hay 4.200 inscritos en el registro correspondiente) no cumplen con estas medidas, podrán ser extinguidos. Respecto al proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo, ha anunciado que se va a incluir en el texto que quien acceda a un cargo de responsabilidad deberá presentar un certificado acreditando que está al corriente en el pago de sus impuestos, y se darán más medios a la Oficina de Conflicto de Intereses. Habrá igualmente modificaciones en el Código Penal para que la financiación ilegal de los partido sea delito, agravar las penas de inhabilitación y aumentar los plazos de prescripción de los delitos de corrupción. La reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal permitirá agilizar los macroprocesos para que la instrucción de los asuntos muy complejos pueda seguir su curso sin necesidad de una concatenación de piezas, se fijará un plazo máximo para la instrucción y se exigirá la rápida recuperación de todos los bienes que el delincuente esté obligado a devolver. A ello se suma la convocatoria de cien nuevas plazas de jueces y fiscales prevista en los presupuestos de 2015 o la dotación de recursos para el impulso de las nuevas tecnologías y que será aprobada mañana por el Consejo de Ministros. Rajoy se ha mostrado dispuesto a ampliar el régimen de suspensión de derechos y deberes de los diputados y ha anunciado su intención de enviar cada seis meses al Congreso un informe sobre la concesión y denegación de indultos, mejorar la iniciativa legislativa popular y ampliar las prohibiciones de contratar con la administración. Se trata de medidas con las que ha dicho pretender dar respuesta "amplia, firme, eficaz, duradera" a la corrupción, que ha calificado de "un problema peligroso e inaplazable" que el Gobierno se toma "muy en serio". Para esa reforma "ambiciosa" ha deseado el acuerdo con los grupos, pero ha avisado de que si no fuera posible, la sacará adelante con la mayoría de que dispone el PP porque a los ciudadanos les irrita que haya discusión "sobre si son galgos o si son podencos cuando lo que importa es que son perros". "Las reformas que propongo ni son de hoy, ni son para hoy. La corrupción ya nos estaba esperando cuando llegamos al Gobierno. Lo mismo le ocurrió al Gobierno anterior y a cuantos le precedieron. Lo que pretendemos es que desaparezca de la lista de prioridades de cualquier Gobierno futuro", ha recalcado.