El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dado instrucciones para que España acoja en el puerto de Valencia al barco Aquarius, que navega por el Mediterráneo con 629 inmigrantes y refugiados abandonados después de que el nuevo ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, les cerrase las puertas del país.

La cuestión que late es qué sucederá con ellos una vez que desembarquen en España, pues a nadie se le escapa el horror de quien huye de una cirisis humanitaria. Según la ley española, estos migrantes tienen entre tres y seis meses para tramitar una solicitud de asilo -a fin de que no sean expulsados ni devueltos a sus Estados de origen-. España dispone de un Sistema de Acogida e Integración (SAI) que permite que el demandante permanezca entre seis y nueve meses en un centro o piso de acogida. Allí su nivel de protección es adecuado ya que reciben ayuda económica que luego se prolonga hasta 18 meses que pueden llegar a 24 en caso de personas especialmente vulnerables. 

Cabe señalar que entre 2007 y 2016 las personas refugiadas en España representaron el 1,22% del total de solicitantes de la Unión Europea. Entre 2011 y 2016 el país acogió a 11.165 refugiados sirios, el 0,16% de todos los que han salido del país durante la guerra. Los solicitantes en España proceden de más de 120 países, y las principales nacionalidades son la siria (26%), ucraniana (16%) y venezolana (11%).