El último comunicado de ETA confirma que la banda terrorista necesita un gobierno que se convierta en el chivo expiatorio de su estrategia de amenaza e impunidad en caso de que algún miembro aislado de la banda cometa alguna tropelía. Lo que se espera de ETA desde septiembre de 2010 no es un comunicado estratégico, por otra parte tradicional en las vísperas del Aberri Eguna y que además pretende influir sobre la decisión de los jueces europeos en el caso de la doctrina Parot. La sociedad española demanda de ETA su final sin condiciones, la entrega de las armas y su disolución definitiva. Sus argumentos no son más que mentiras elevadas a categoría de una negociación política a la que el Gobierno de Rajoy ni ha entrado ni va a entrar. ETA sabe que Oslo ha fracasado y busca nuevas salidas, empeñada en sus fines. Pero el problema de ETA, para España, para la libertad de los vascos y para la justicia y la dignidad de las víctimas del terrorismo se llama Bildu. Desde que sus terminales políticas  participan en las instituciones, ETA sabe que sus comunicados son amparados y jaleados por quienes se sientan en el Parlamento democrático. El Gobierno debe mantenerse firme en la lucha contra el terrorismo y hacer todo lo posible para que la memoria y la dignidad de las víctimas no se cubran con la sombra del oprobio.