El Gobierno de la Generalitat se ha reunido hoy después de que el Tribunal Constitucional anulase ayer tanto la ley de consultas catalanas como el referéndum secesionista del próximo 9 de noviembre. Artur Mas, después de suspender la campaña institucional en favor del voto, ha asegurado que el proceso sigue. Una afirmación que no tiene ni pies ni cabeza. Una demostración más de irresponsabilidad que solo sirve para alentar a aquellos que quieren burlar el Estado de Derecho. De hecho el President alienta así una especie de insumisión. Ni el recurso contra el pronunciamiento del Tribunal Constitucional ni ninguna otra decisión de la Generalitat hará que lo que es ilegal sea legal. La calle, que siempre representa a una parte pequeña del conjunto de una nación,  no es fuente del derecho.Es probable que Mas no esté pensando en una consulta-pantomima contra la ley. Es probable que solo quiera estirar lo más posible, en su beneficio electoral, el desafío. En cualquier caso si ese desafío llegara hasta el final, el Estado de Derecho tiene otros mecanismos para tutelar la soberanía de todos los españoles. No sería conveniente llegar a esos extremos por el bien de todos. Pero no se puede descartar una intervención jurídicamente más contundente. La mayoría de los catalanes no se identifican con un acto de rebeldía y desorden como el que supondría seguir adelante con lo que Mas llama “el proceso”.